Durante el juicio que se sigue contra los imputados en las operaciones Coral y Coral 5G, siete peritos ofrecieron declaraciones detalladas sobre la valoración de los bienes obtenidos con dinero de actos de corrupción.
JusticiaAyer
El Ministerio Público ha presentado nuevos elementos en el juicio de la Operación Coral, donde tasadores han testificado sobre el valor millonario de bienes inmuebles y vehículos presuntamente adquiridos con fondos públicos y ocultados a través de prestanombres.
Durante el juicio que se sigue contra los imputados en las operaciones Coral y Coral 5G, siete peritos ofrecieron declaraciones detalladas sobre la valoración de los bienes obtenidos con dinero de actos de corrupción.
Entre los inmuebles analizados, destacan tres residencias en el exclusivo sector Colina del Oeste, construidas por los imputados mayor general Adán Benoni Cáceres Silvestre, coronel Franklin Antonio Mata Flores y el capitán Boanerges Reyes Batista. Según los avalúos presentados, estas propiedades tienen un valor conjunto de US$3,486,544.92. Las investigaciones indican que estos inmuebles fueron registrados a nombre de la empresa Unico Real State e Inversiones S.R.L., vinculada a la imputada Rossy Guzmán Sánchez (conocida como la Pastora), en una maniobra para ocultar la verdadera titularidad.
También se presentó el avalúo de la propiedad correspondiente a la Asociación Campesina Madre Tierra, registrada a nombre de Adán Benoni Cáceres Silvestre. Este bien agroindustrial, que cuenta con modernas naves avícolas y diversos cultivos, tiene un valor estimado de US$3,856,046. Para encubrir la propiedad de esta asociación, Cáceres Silvestre habría utilizado a terceros como fachada, incluyendo a Elvin Rudys Martínez y Rossy Guzmán Sánchez, quienes figuran como supuestos directivos. Martínez ya había admitido en audiencias anteriores haber prestado su nombre para tales fines.
Irregularidades en CONANI y Rol del Coronel Rafael Núñez de Aza
Durante la jornada del jueves, también rindieron testimonio los exencargados de Nómina, Asuntos Legales y Compras del Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (Conani). Estos testigos detallaron irregularidades ocurridas durante la gestión de Greibby Cuello Coste en 2020, quien es esposa del general Juan Carlos Torres Robiou, también acusado en el caso.
Los testigos confirmaron que Cuello Coste nombró como gerente financiero del Conani al coronel Rafael Núñez de Aza, quien ya desempeñaba funciones similares en el Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (Cestur) y el Cuerpo de Seguridad Presidencial (Cusep). A pesar de que la designación fue revocada por la Contraloría General de la República, Cuello Coste lo mantuvo como su representante ante el Comité de Compras y Contrataciones de la entidad.
Avance del Ministerio Público
El Ministerio Público, representado en la audiencia por los procuradores fiscales Jonathan Pérez Fulcar, Harolin Lemos, Melvin Romero, Miguel Collado y Emmanuel Ramírez, ha presentado hasta la fecha 272 testigos y peritos, 755 pruebas documentales, 23 pruebas materiales y 120 informes periciales. Todos estos elementos refuerzan la acusación por corrupción administrativa, asociación de malhechores y lavado de activos.
La audiencia, presidida por las juezas del Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, Esmirna Giselle Méndez, Tania Yunes y Jissel Naranjo, continuará el próximo martes 29 de julio de 2025, a las 9:00 de la mañana.
Asimismo, la institución reiteró que los abogados del privado de libertad tienen plena libertad para conversar con su cliente dentro de los horarios establecidos por los protocolos vigentes
El juez Rigoberto Sena, del juzgado de Atención Permanente del Distrito Nacional, dispuso que Jiménez Fernández se presente los días 30 de cada mes ante el Ministerio Público.
Consideran que estas responden a una demanda nacional para lograr un sistema de justicia ágil, moderno, accesible, eficiente y capaz de administrar justicia de manera oportuna.
Su modus operandi consiste en ingresar sigilosamente durante la madrugada a residencias y villas turísticas sin forzar puertas ni ventanas, para luego sustraer objetos de valor.
Este despliegue fue coordinado y supervisado por el Departamento de Cooperación Jurídica Internacional, la Unidad de Repatriados y el Departamento de Derechos Humanos de la Procuraduría
Sus miembros, de nacionalidad dominicana, holandesa, venezolana y arubeña, introducían grandes cantidades de drogas narcóticas al país por vía marítima.
La organización cívica espera que la sociedad dominicana recuerde los nombres de estos infractores y que sobre ellos recaiga la correspondiente sanción social y electoral.
Medalla al Mérito Laboral: Dirigida a trabajadores individuales que hayan demostrado excelencia en su desempeño, compromiso con la equidad e inclusión, y una contribución significativa en su área de trabajo.
Con 20 años de experiencia en el periodismo, y actualmente comentarista en el espacio radial "Panorama de la Tarde", Vargas considera que es crucial aprovechar las redes sociales de manera constructiva.
Uno de los aspectos que generó mayor debate, según González, es la eliminación de la obligatoriedad de publicar los procesos en medios impresos, lo que limitaría la difusión únicamente a plataformas digitales oficiales.
El arresto del magnate haitiano, de 69 años y antiguo aspirante a la presidencia de Haití, tuvo lugar el jueves de la semana pasada, informó en un comunicado el ICE.
La certificación fue recibida por el ministro de Energía y Minas, Joel Santos, en representación del Estado dominicano, de manos del director general de la Oficina Nacional de la Propiedad Industrial (Onapi), Salvador Ramos.
Destacó que esta modificación, que fue el resultado de consultas exhaustivas con sectores públicos y privados, representa una oportunidad significativa para avanzar hacia un modelo sostenible basado en la reducción,
Pidió acoger la solicitud de prohibición de actividades políticas y la adopción de medidas cautelares contra el PRM y los dirigentes Carolina Mejía, Wellington Arnaud, Eduardo Sanz Lovatón (Yayo), David Collado, Raquel Peña, Víctor D’Aza y Tony Peña Guaba.
Alfredo Pacheco, presidente de la Cámara de Diputados, explicó que la decisión de posponer el Código Penal cuenta con el apoyo de las diferentes bancadas, todas interesadas en modernizar la legislación penal del país.