Máximo Mendoza fue arrestado en Mao, Valverde, durante un allanamiento en su vivienda, tras evidenciarse que se dedicaba a la falsificación y uso fraudulento de documentos públicos.
JusticiaHoy
El Ministerio Público solicitó a un tribunal de Valverde la imposición de un año de prisión preventiva contra un hombre que, usando información falsa, registró varias defunciones ante unidades médicas y oficialías del Estado Civil de la Junta Central Electoral (JCE).
Máximo Mendoza fue arrestado en Mao, Valverde, durante un allanamiento en su vivienda, tras evidenciarse que se dedicaba a la falsificación y uso fraudulento de documentos públicos.
El imputado, quien cometió los hechos entre diciembre de 2024 y junio de 2025, pretendía perjudicar a las personas que declaraba muertas por supuestas deudas económicas. Hasta el momento, se han identificado seis víctimas. En cinco de los casos, Mendoza completó el proceso en Salud Pública y luego en la JCE, mientras que en un sexto caso solo lo registró en el Ministerio de Salud.
Los registros de defunción fueron llenados por médicos pasantes y sin exequátur para ejercer la profesión. El imputado utilizaba la estrategia de solicitar el servicio a los médicos en distintos turnos, tanto en la Unidad de Atención Primaria de Mao como en la del municipio de Esperanza.
Se ha descubierto que algunas de las víctimas, personas en situación de vulnerabilidad económica, obtenían préstamos personales usando como respaldo los beneficios sociales que recibían de programas estatales de asistencia. Estos beneficios consistían en un capital mensual de 2,100 pesos (RD$2,100), destinados a cubrir necesidades básicas.
Aprovechándose de la precariedad de estas personas, Mendoza les ofrecía préstamos de entre 5,000 y 15,000 pesos, cobrando al retener sus tarjetas de asistencia social. En los casos en que no podía cobrar, se presentaba en distintas Unidades de Atención Primaria (UNAP) de los municipios de Mao y Esperanza y fingía ser familiar directo de las víctimas para asentar su fallecimiento.
Su conducta constituye una violación al Código Penal dominicano por el uso y alteración de documentos públicos con información falsa, así como una violación del artículo 208 de la Ley Orgánica de los Actos del Estado Civil No. 4-23, que se refiere a la falsedad.
El Ministerio Público, representado por los fiscales Víctor Manuel Mejía Rodríguez y Esther María González Peguero, solicitó la prisión preventiva al considerarla la medida idónea y proporcional para garantizar la presencia del imputado en todas las etapas del proceso.
Los fiscales también pidieron que el caso sea declarado de tramitación compleja debido a la multiplicidad de víctimas, la reiteración de los hechos, el uso de documentos falsificados y la afectación directa a los sistemas de salud y registral.
En este caso, el Ministerio Público cuenta con la colaboración de la Dirección Central de Investigaciones (DICRIM) de la Policía Nacional y la Dirección de Seguridad de la Junta Central Electoral.
La jueza Yiberty Polanco Herrán, de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Valverde, aplazó la audiencia para el próximo viernes, 12 de septiembre, a las 9:00 de la mañana, a solicitud de la defensa del imputado.
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