TSA rechaza solicitudes de DR-TESOL contra contratos de INAFOCAM

Las solicitudes buscaban suspender contratos entre el Instituto Nacional de Formación y Capacitación del Magisterio (INAFOCAM) y varias universidades.

JusticiaHace 4 horas
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El Tribunal Superior Administrativo (TSA) ha rechazado quince (15) solicitudes de medidas cautelares interpuestas por la Asociación de Docentes de Inglés de la República Dominicana (DR-TESOL).

Las solicitudes buscaban suspender contratos entre el Instituto Nacional de Formación y Capacitación del Magisterio (INAFOCAM) y varias universidades.

 Según la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP), el TSA determinó que las solicitudes de DR-TESOL no cumplían con los requisitos de la Ley núm. 13-07 para la procedencia de medidas cautelares.

El tribunal concluyó que la asociación no logró demostrar la apariencia de buen derecho ni el peligro en la demora que justificarían la suspensión de los contratos.

DR-TESOL, representada por Juan Omar Valdez Durán, había alegado presuntas irregularidades en los procedimientos de contratación.

Sin embargo, la DGCP y las universidades involucradas, actuando como partes en el proceso, demostraron que los contratos se habían celebrado conforme a la ley.

Su ejecución está ligada a programas de alto interés público, como la formación de docentes de nuevo ingreso y el programa "Docentes de Excelencia".

Transparencia y Políticas Públicas
Carlos Pimentel, director general de Contrataciones Públicas, valoró la decisión del tribunal como un respaldo a la correcta aplicación de las normativas y a la función de la DGCP.

Pimentel afirmó que estos fallos confirman que los procesos analizados están ajustados al marco legal, protegen el interés general y garantizan el desarrollo de políticas públicas prioritarias.

La DGCP reiteró su compromiso de seguir velando por la transparencia y eficiencia en las contrataciones públicas para fortalecer la confianza ciudadana.

Las quince sentencias fueron firmadas digitalmente el 29 de agosto de 2025 y el TSA concluyó que la suspensión de los contratos hubiera causado un grave perjuicio al interés general al interrumpir programas esenciales para la calidad del sistema educativo nacional.

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