IAD inicia reorganización institucional para consolidar Reforma Agraria

La medida busca promover el uso social de la tierra y la integración de los campesinos al desarrollo nacional, a fin de eficientizar los servicios y lograr una mayor cohesión en las políticas públicas de apoyo al sector.

ActualidadEl miércoles
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El Directorio del Instituto Agrario Dominicano (IAD) aprobó la Resolución 01/2025, que da inicio a un proceso de reorganización para consolidar la reforma agraria y optimizar los servicios en el sector rural. La iniciativa integra la cartera de servicios de apoyo a los productores con la del Ministerio de Agricultura (MARD) y traspasa el manejo de pozos y bombas al Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (INDRHI).

La medida busca promover el uso social de la tierra y la integración de los campesinos al desarrollo nacional, a fin de eficientizar los servicios y lograr una mayor cohesión en las políticas públicas de apoyo al sector.

A partir del 1 de enero de 2026, los servicios del IAD relacionados con el fomento productivo, asistencia técnica, financiamiento, infraestructura rural y acompañamiento social se integrarán al MARD. Por su parte, el INDRHI asumirá las funciones de la División de Pozos y Bombas del IAD para fortalecer la gestión integral de los sistemas de riego.

Esta resolución forma parte del Plan General para la Reforma y Modernización de la Administración Pública, impulsado por el presidente Luis Abinader, con el objetivo de eliminar duplicidades y optimizar el uso de los recursos públicos. La medida beneficiará a más de 127,000 parceleros en 604 asentamientos agrarios.

El IAD mantendrá su función principal de gestionar la reforma agraria, enfocándose en la identificación y regularización de más de 10.8 millones de tareas de tierra y en la puesta en marcha del plan de titulación definitiva. Para ello, trabajará en coordinación con la Unidad Técnica Ejecutora de Titulación de Terrenos del Estado (UTECT), la Dirección General de Bienes Nacionales y el Banco Agrícola.

La resolución garantiza la continuidad de los servicios, la protección de los derechos de los parceleros y la preservación del patrimonio inmobiliario estatal. Además, se desarrollará una campaña informativa para orientar a los beneficiarios sobre los cambios. El proceso contará con el acompañamiento de otras entidades como el Ministerio de Administración Pública (MAP) y la Dirección General de Presupuesto (DIGEPRES).


 
 
 


 


 


 

 

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