José Martínez Hoepelman condenó las sugerencias del legislador Luc André Diouf Dioh de "normalizar la situación de los haitianos"
Hace 2 horas
El jurista José Martínez Hoepelman calificó como una injerencia grosera y un irrespeto a la soberanía nacional las declaraciones emitidas por el diputado español Luc André Diouf Dioh. El legislador, durante un encuentro celebrado en el país con el grupo “Amigos que Suman”, sugirió que la República Dominicana debía “normalizar la situación de los haitianos” e implementar mecanismos de regularización masiva de extranjeros.
Martínez Hoepelman sostuvo que las expresiones del legislador europeo constituyen una intromisión inaceptable en los asuntos internos del Estado dominicano. Recordó que el diseño y la ejecución de políticas migratorias corresponden exclusivamente a las autoridades nacionales, conforme al principio de soberanía consagrado en el artículo 3 de la Constitución, que establece que “la soberanía nacional es inviolable, y ninguna parte del pueblo ni individuo alguno puede atribuirse su ejercicio”.
“El diputado español, aun con la buena intención que pretendan sus sugerencias, no tiene autoridad moral ni jurídica para dictar pautas sobre cómo debe la República Dominicana manejar un fenómeno tan delicado como el de la migración haitiana", afirmó Hoepelman.
El jurista enfatizó que este tipo de planteamientos, provenientes de un representante extranjero, cruzan la línea del respeto diplomático y vulneran el principio de no intervención reconocido en el artículo 26, numeral 1, de la Constitución, así como en la Carta de las Naciones Unidas y la Carta de la Organización de Estados Americanos (OEA).
Martínez Hoepelman advirtió, además, que la República Dominicana ha sido históricamente un país solidario y cooperante, pero destacó que esa solidaridad no puede confundirse con sumisión ni con cesión de soberanía ante presiones externas o discursos paternalistas.
“La migración es un tema de seguridad nacional, de planificación estatal y de dignidad institucional. Cualquier propuesta que implique alterar ese marco debe surgir del consenso dominicano, no de iniciativas extranjeras”, enfatizó.
El jurista concluyó afirmando que la defensa de la soberanía no es ni puede interpretarse en ningún contexto como un acto de xenofobia ni de hostilidad, sino como una obligación patriótica y un principio esencial del derecho internacional.
“República Dominicana es un Estado libre, independiente y soberano. Ningún actor externo —sea gobierno, organismo internacional o parlamentario extranjero— puede pretender dictarle su política migratoria o condicionar su autodeterminación”, precisó.
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