ADP rechaza fusión MINERD-MESCYT y demanda diálogo nacional sobre Educación

La Asociación Dominicana de Profesores (ADP) ha solicitado al presidente Luis Abinader que no introduzca en el Congreso Nacional el proyecto de ley que busca fusionar el Ministerio de Educación (MINERD) y el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (MESCYT). El sindicato de maestros propone, en cambio, la apertura de un espacio de diálogo con diversos sectores de la sociedad, especialmente aquellos involucrados en el ámbito educativo.

 Eduardo Hidalgo, presidente de la ADP, reiteró el rechazo de la organización a la propuesta de fusión, argumentando que su único propósito es reducir la inversión pública en educación. La ADP considera que el sistema educativo requiere mantener y ampliar la inversión, además de mejorar la calidad del gasto.

Hidalgo señaló que detrás de este proyecto se esconden fines privatizadores, manifestados en la propuesta de incorporar alianzas público-privadas, el establecimiento de fideicomisos y la tercerización de la gestión educativa.

"La propuesta de fusión MINERD-MESCYT es un invento, que no está sustentada en ningún estudio o diagnóstico que muestre la necesidad y viabilidad del mismo", afirmó el dirigente magisterial. Aseguró que, de materializarse, esta medida causaría daños severos a los procesos actuales de ambos ministerios, complicando la implementación de acciones necesarias para una gestión educativa más eficiente.

Eduardo Hidalgo recordó que, en enero pasado, un encuentro nacional por la defensa de la educación pública, con el apoyo de académicos y organismos especializados, concluyó que la pretendida fusión carece de fundamentos sólidos, análisis de factibilidad y mecanismos claros que garanticen beneficios reales para el sistema educativo del país.

 Razones Clave para el Rechazo de la Propuesta (Según la ADP)
 

La ADP ha expuesto las siguientes razones para su rechazo a la fusión:

Obsolescencia de las leyes actuales: El anteproyecto no presenta evidencia objetiva de que las leyes educativas vigentes hayan alcanzado un nivel de obsolescencia que justifique la fusión.

Ausencia de estudios técnicos: La propuesta carece de estudios, investigaciones o análisis de factibilidad que demuestren su alineación con los principios de racionalidad, economía, eficiencia y eficacia establecidos en la Ley Orgánica de Administración Pública 247-12.
Impacto en la calidad educativa: El proyecto no especifica mecanismos claros para mejorar la calidad educativa ni

garantiza una educación integral y de alto nivel. Tampoco asegura que la educación superior recibirá los recursos necesarios dentro del esquema presupuestario propuesto.

Falta de planificación adecuada: No se detallan criterios, dispositivos ni mecanismos para alcanzar objetivos como la reducción de duplicidades, la mejora en la gestión de gastos o el fortalecimiento de la educación como un derecho fundamental.

La ADP sostiene que el proyecto, en su forma actual, representa una reversión de las conquistas presupuestarias para el financiamiento de la educación pública superior y preuniversitaria (el 4% del PIB y el 5% del presupuesto de educación superior).

Mercantilización y privatización: El sindicato considera que este anteproyecto de ley es una estrategia para consolidar la mercantilización y privatización de la educación, concebidas desde una lógica neoliberal, lo que negaría el derecho constitucional y humano a una educación abierta, crítica y de calidad.
 
Posición de la ADP y Demandas a las Autoridades
Los ciudadanos, entidades y organizaciones convocadas al encuentro nacional por la defensa de la educación pública han llegado a las siguientes conclusiones:

Exigencia de la inmediata retirada del anteproyecto de ley.

Apertura de un proceso nacional de discusión, estudio y examen crítico sobre el estado actual del sistema educativo.
Convocatoria a un debate nacional inclusivo y transparente, con la participación de todos los actores clave del sistema

educativo y de la sociedad en general, sobre la propuesta de fusión.

Exigencia del fortalecimiento del MINERD y el MESCYT como entidades independientes, con roles claros y recursos suficientes para cumplir sus mandatos.

Alerta a todo el pueblo dominicano sobre la grave amenaza de mercantilización y privatización del derecho a la educación pública.

La ADP concluyó su declaración reafirmando su vigilancia y firmeza en defensa de una educación pública y superior de calidad, enfatizando que "La educación no es negociable, y su futuro debe estar en manos de políticas responsables y fundamentadas".