Querellantes del caso Calamar desisten de acusación contra Donald Guerrero y reclaman liberación de pago

En la más reciente audiencia del caso Calamar, los abogados que representan a la familia Reyes y a otros querellantes depositaron ante el tribunal un desistimiento a favor del exministro de Hacienda, Donald Guerrero.

Los letrados explicaron que, tras escuchar la acusación completa del Ministerio Público, comprobaron que esta no responde a los intereses de sus representados.

Afirmaron, además, que las actuaciones del Ministerio de Hacienda, bajo la dirección del exministro, se ajustaron a la legalidad, fueron transparentes y obedecieron estrictamente a mandatos judiciales.

“El Estado, a través de Hacienda, ya pagó gran parte de lo que estaba ordenado. Lo único que corresponde ahora es que se libere el 20 % restante, para que nuestros representados, muchos de ellos de avanzada edad y en condiciones precarias, reciban lo que por derecho les corresponde”, declaró el abogado Patricio Mañón.

Mañón explicó que la pretensión del Ministerio Público de decomisar las parcelas vinculadas al litigio solo beneficiaría al Estado y dejaría sin compensación a las familias.

“No nos vamos a adherir a esas pretensiones. Nuestros clientes llevan décadas esperando el pago, y el Ministerio Público insiste en un camino que no les favorece”, expresó.

Recordó que existen sentencias firmes que obligan al Estado a realizar el pago y que el 20 % restante sigue pendiente debido a la oposición del entonces procurador, Wilson Camacho.

El abogado también denunció que los verdaderos beneficiarios del proceso han sido terceras personas que habrían recibido miles de millones de pesos y, además, se beneficiaron de un criterio de oportunidad.

“Mientras otros se quedaron con el dinero, nuestros representados, muchos ya ancianos, viven en la miseria e incluso sienten miedo de ser señalados como responsables de algo que nunca hicieron”, lamentó.

Por su parte, el abogado Julio César Ventura hizo hincapié en la necesidad de garantizar la institucionalidad y el respeto a la Constitución. “Si el Estado se apropia de bienes privados, tiene que resarcir a sus propietarios.

De lo contrario, no hay seguridad jurídica. Y sin seguridad jurídica, no hay confianza para que los inversionistas vengan al país. Es un tema de justicia, pero también de estabilidad económica”, advirtió.