Un tribunal de Valverde ha impuesto tres meses de prisión preventiva a Máximo Mendoza, un hombre que, con información falsa, registró varias defunciones ante unidades médicas y oficialías del Estado Civil de la Junta Central Electoral (JCE).
La decisión se tomó tras analizar y valorar las evidencias presentadas por el Ministerio Público.
La Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Valverde impuso esta medida de coerción y declaró el caso de tramitación compleja, otorgando al órgano persecutor un plazo de ocho meses para preparar la acusación formal.
El Ministerio Público, representado por los fiscales Esther María González Peguero (delegada ante la JCE) y Víctor Manuel Mejía (titular de Valverde), sustentó la solicitud de medida de coerción ante la jueza Yiberty Polanco Herrán con las pruebas recabadas.
Mendoza se dedicaba a la falsificación y uso fraudulento de documentos públicos para cometer delitos entre diciembre de 2024 y junio de 2025, afectando los sistemas de salud y registral.
Según la investigación, el imputado pretendía dañar a personas a las que declaraba muertas para evitar el pago de supuestas deudas económicas. Hasta el momento, se han identificado seis víctimas.
En cinco de los casos, el proceso de defunción se completó tanto en el Ministerio de Salud Pública como en la Junta Central Electoral. En el sexto caso, el registro solo se hizo en el Ministerio de Salud.
Mendoza utilizaba la estrategia de solicitar el servicio a médicos pasantes sin exequátur (autorización para ejercer) en distintos turnos, tanto en la Unidad de Atención Primaria (UNAP) de Mao como en la de Esperanza.
Los registros de defunción eran llenados por estos médicos, quienes desconocían el engaño. Para lograrlo, Mendoza fingía ser familiar directo de las víctimas, presentándose como primo, tío o esposo, e incluso simulando un estado de aflicción emocional y física para generar empatía en los centros de salud.
El Ministerio Público ha establecido que algunas de las víctimas son personas en situación de vulnerabilidad económica que realizaban préstamos personales usando como garantía los beneficios de programas de asistencia social del Estado, que consisten en un capital mensual de dos mil cien pesos (RD$2,100).
El imputado les ofrecía préstamos de entre cinco mil y quince mil pesos, y los cobraba reteniendo las tarjetas de asistencia social. Cuando no podía cobrar, recurría a la maniobra de declararlas muertas.
La conducta de Mendoza viola el Código Penal dominicano por el uso y alteración de documentos públicos con información falsa, y también el artículo 208 de la Ley Orgánica de los Actos del Estado Civil No. 4-23, que sanciona la falsedad.
En la investigación del caso, el Ministerio Público ha contado con la colaboración de la Dirección Central de Investigaciones (Dicrim) de la Policía Nacional y de la Dirección de Seguridad de la Junta Central Electoral.
Mendoza cumplirá la prisión preventiva en el Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) de Mao, en la provincia de Valverde.
