Según el comunicado, la denuncia se centraba en la presunta omisión de activos de una empresa familiar en la Declaración Jurada de Patrimonio del exministro.
Panorama18 de septiembre de 2025
Santo Domingo, RD
La Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental (DIGEIG), dirigida por Milagros Ortiz Bosch, ha emitido un comunicado para aclarar los detalles de la denuncia No. D23-0080, presentada el 2 de octubre de 2023 por el presidente de ADOCCO, Julio César de la Rosa Tiburcio, contra el entonces ministro de Educación, Ángel Hernández.
Según el comunicado, la denuncia se centraba en la presunta omisión de activos de una empresa familiar en la Declaración Jurada de Patrimonio del exministro.
La DIGEIG concluyó su investigación en un plazo de 28 días, remitiendo el informe al denunciante el 1 de noviembre de 2023.
El informe, que la DIGEIG publicó como anexo, detalla las diligencias realizadas, las instituciones consultadas y la documentación obtenida.
En él, la DIGEIG destaca que la investigación se ajustó al debido proceso y a la Ley No. 200-04 de Libre Acceso a la Información Pública.
Rectificación validada por la Cámara de Cuentas
El comunicado de la DIGEIG resalta que la Cámara de Cuentas es el órgano constitucional rector en la aplicación de la Ley No. 311-14, la cual regula las Declaraciones Juradas de Patrimonio. En su investigación, la DIGEIG constató lo siguiente:
La primera Declaración Jurada Hernández fue presentada de forma extemporánea y con la omisión de los activos de la empresa familiar.
Durante el proceso de investigación, Hernández presentó una rectificación de su declaración, la cual fue validada por la Cámara de Cuentas conforme a su reglamento.
Como resultado, la DIGEIG determinó que, al momento de concluir su investigación, la denuncia ya no tenía objeto legal, dado que la Cámara de Cuentas había validado la rectificación.
“La actuación de la DIGEIG se ajustó en todo momento a los principios de legalidad y debido proceso, investigando los hechos en base a las normas aplicables y respetando las competencias de los órganos rectores”, señala el comunicado.
La institución defendió su actuación, negando haber prevaricado, y afirmó que “en el informe no hay alteración de hechos ni desnaturalización de los mismos; únicamente se cumplió con el deber institucional de respetar las facultades de la Cámara de Cuentas”.
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