
Según el comunicado, la denuncia se centraba en la presunta omisión de activos de una empresa familiar en la Declaración Jurada de Patrimonio del exministro.
Tras finalizar el proceso, el director de PROPEEP, Robert Polanco, resaltó la amplia participación de los servidores públicos de la institución.
PanoramaHace 1 horaSanto Domingo, RD
La Dirección de Proyectos Estratégicos y Especiales de la Presidencia (PROPEEP) realizó este martes las elecciones para elegir a los miembros de su Comisión de Integridad Gubernamental y Cumplimiento Normativo (CIGCN) para el período 2025-2028, con el objetivo de fortalecer la transparencia y la ética institucional.
El padrón de votantes estuvo conformado por los cinco grupos ocupacionales que componen la institución.
Los ganadores por cada grupo, que obtuvieron la mayor cantidad de votos, fueron: Reynaldo Acevedo Frómeta (34 votos), Euribíaides Báez (29), Josué Nathanael Soriano (24), Claritza Brito Pereyra (18) e Isaac Ismael García (16).
En segundo lugar, y electos como suplentes, quedaron Cristian José Sepúlveda González, Máximo Antonio Lorenzo Cruz, Wilfredo Antigua Mena, Carlos Almánzar y Fausto Polanco.
El certamen electoral se llevó a cabo de forma electrónica, de 9:30 de la mañana a 3:00 de la tarde, en la sede central de la institución, ubicada en el edificio de Oficinas Gubernamentales Juan Pablo Duarte, en la capital.
Una nota de la institución informó que la Comisión Electoral estuvo presidida por Joney Dotel, directora de Recursos Humanos, e integrada por Ángel Odalis Cortiñas García, encargado de la Oficina de Acceso a la Información; Domingo Guzmán, analista de Sistemas Informáticos; Bárbaro Batista, director de Comunicaciones; Enrique Baltazar, encargado de Gestión de Calidad, y el acompañamiento de Pedro Quezada, director de Informática de PROPEEP.
Además, el proceso contó con la supervisión de funcionarios de la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental (DIGEIG), como Glenny Villanueva, encargada de la División de Comisiones de Ética Pública, y Marileidy Cabrera, coordinadora de Conflictos de Intereses.
Como observadores, estuvieron presentes Marianela de la Cruz, jefa de Gabinete Técnico, y Órvito Díaz Féliz, encargado del Departamento Administrativo, entre otros.
Robert Polanco valora el proceso
Tras finalizar el proceso, el director de PROPEEP, Robert Polanco, resaltó la amplia participación de los servidores públicos de la institución.
“El proceso de elección de los nuevos integrantes de la Comisión de Integridad Gubernamental y Cumplimiento Normativo (CIGCN) ha sido una muestra clara del compromiso y la participación activa de nuestros servidores públicos. Cada voto y cada propuesta reflejan la voluntad de seguir fortaleciendo la transparencia, la ética y la cultura de rendición de cuentas que impulsa el gobierno del presidente Luis Abinader”, expresó el director de PROPEEP.
Puntualizó que la elección de esta nueva Comisión confirma que en PROPEEP existe un equipo consciente de la importancia de trabajar con integridad, cumpliendo las normativas y garantizando que las acciones de la institución estén siempre alineadas con los más altos estándares de ética y responsabilidad social.
En 2021, el Poder Ejecutivo emitió el Decreto 791-21, con el que crea la CIGCN en todas las instituciones del Gobierno Central como un órgano plural de servidores públicos, con representación de todos los grupos ocupacionales presentes en la Administración Pública. Su objetivo es promover la institucionalización de la ética, estimular conductas íntegras, y vigilar el cumplimiento del Código de Ética y Conducta de los Servidores Públicos.
La CIGCN también fungirá como un organismo operativo para la estandarización de programas y políticas de cumplimiento normativo, prevención de riesgos, antisoborno y manejo de herramientas de integridad gubernamental, con el fin de prevenir actos de corrupción y conflictos de intereses en la Administración Pública, y de garantizar el principio de buen gobierno y el acceso a la información pública.
Según el comunicado, la denuncia se centraba en la presunta omisión de activos de una empresa familiar en la Declaración Jurada de Patrimonio del exministro.
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