El CARD pide la liberación de Rafael Guerrero y critica el rigor judicial en los delitos de opinión

El Colegio de Abogados de la República Dominicana (CARD) ha expresado su profunda preocupación por la prolongada detención del abogado y comunicador Rafael Guerrero, y ha solicitado al Ministerio Público que agilice los trámites para su inmediata puesta en libertad.

La institución gremial calificó la medida de coerción como desproporcionada y un rigor excesivo por parte de la justicia dominicana, especialmente en casos de difamación e injuria. El CARD argumenta que estos delitos deben ser tratados en el marco de la libertad de expresión, el debido proceso y los derechos fundamentales.

El CARD recordó que el derecho a la defensa, la libertad de opinión y la presunción de inocencia son pilares esenciales de un Estado de derecho. Según la entidad, el encarcelamiento preventivo en este tipo de casos es innecesario y atenta contra el libre ejercicio del pensamiento crítico, algo indispensable para la vida democrática.

El gremio advirtió que el uso de la prisión, bajo el supuesto de "rebelión" por inasistencia al tribunal en delitos de naturaleza privada, no debe convertirse en una práctica habitual o en la primera respuesta ante diferencias de opinión o críticas públicas. Advierten que esto podría sentar un peligroso precedente que silencie las voces críticas en la sociedad.

El presidente del CARD, Trajano Potentini, destacó que el Ministerio Público tiene la oportunidad de corregir lo que calificó como un "exceso jurídico". "Solicitamos que se respete la proporcionalidad en las decisiones judiciales y que se garantice la pronta libertad del colega Rafael Guerrero, sin sacrificar los derechos fundamentales", puntualizó.

El CARD reafirmó su solidaridad con Guerrero y con todos los profesionales del derecho que enfrentan procesos judiciales en condiciones que ponen en riesgo su integridad y el ejercicio libre de su profesión.

"Como institución, no defendemos la impunidad ni el irrespeto, pero sí creemos firmemente en la necesidad de que la justicia se administre con equilibrio, humanidad y respeto a los derechos consagrados en nuestra Constitución y en los tratados internacionales de los que la República Dominicana es signataria", concluyó el comunicado.