Norberto Rondón argumenta que el documento, utilizado por el Ministerio Público como base para solicitar medidas contra su cliente, es un acto "inexistente" y carece de valor probatorio.
JusticiaAyer
El abogado Norberto Rondón, representante legal de Ángel Lockward, solicitó hoy al tribunal declarar inconstitucional un informe de auditoría de 2021 de la Unidad Antifraude de la Contraloría General de la República.
La defensa argumenta que el documento, utilizado por el Ministerio Público como base para solicitar medidas contra su cliente, es un acto "inexistente" y carece de valor probatorio.
Rondón calificó el informe como una "infamia" y explicó que su falta de validez radica en que no contiene ni la resolución ni la firma del contralor, requisito que considera indispensable para que cualquier documento oficial tenga efectos jurídicos.
"Es como un decreto presidencial sin firma o una sentencia de embargo sin sello judicial", ejemplificó el abogado ante el tribunal.
La defensa sostiene que el informe fue usado indebidamente en el proceso contra Lockward. Además de la falta de firma, Rondón precisó que el documento nunca fue notificado a su cliente ni al exministro de Hacienda, Donald Guerrero, a pesar de que sus conclusiones podían afectarles.
"La Contraloría debió comunicarlo e informarles el plazo para recurrirlo; no hacerlo constituye una violación al debido proceso", señaló.
Por estas razones, el abogado presentó una excepción de constitucionalidad, solicitando al juez que declare el informe "no conforme a la Constitución" en lo referente a Ángel Lockward. Rondón concluyó que el tribunal tiene el deber de "controlar la legalidad de la Administración y excluir todo acto contrario a la Constitución".
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Al dictar una conferencia en INFOTEP, instó a los servidores públicos a fortalecer la ética y la transparencia en su gestión, y afirmó que la corrupción es también una violación a los derechos humanos.
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La dirigencia local y nacional ha enmarcado la asamblea en las actividades de fortalecimiento, contacto y motivación de la militancia peledeísta a nivel nacional.
El Ministerio Público y la DNCD mantienen las investigaciones abiertas para determinar si existen otros implicados en esta red de microtráfico.
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Norberto Rondón argumenta que el documento, utilizado por el Ministerio Público como base para solicitar medidas contra su cliente, es un acto "inexistente" y carece de valor probatorio.
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