
El proyecto de ley debe volver al Senado de la República, donde había sido aprobado previamente, debido a las modificaciones que introdujeron los diputados.
Norberto Rondón argumenta que el documento, utilizado por el Ministerio Público como base para solicitar medidas contra su cliente, es un acto "inexistente" y carece de valor probatorio.
Justicia11 de octubre de 2025
El abogado Norberto Rondón, representante legal de Ángel Lockward, solicitó hoy al tribunal declarar inconstitucional un informe de auditoría de 2021 de la Unidad Antifraude de la Contraloría General de la República.
La defensa argumenta que el documento, utilizado por el Ministerio Público como base para solicitar medidas contra su cliente, es un acto "inexistente" y carece de valor probatorio.
Rondón calificó el informe como una "infamia" y explicó que su falta de validez radica en que no contiene ni la resolución ni la firma del contralor, requisito que considera indispensable para que cualquier documento oficial tenga efectos jurídicos.
"Es como un decreto presidencial sin firma o una sentencia de embargo sin sello judicial", ejemplificó el abogado ante el tribunal.
La defensa sostiene que el informe fue usado indebidamente en el proceso contra Lockward. Además de la falta de firma, Rondón precisó que el documento nunca fue notificado a su cliente ni al exministro de Hacienda, Donald Guerrero, a pesar de que sus conclusiones podían afectarles.
"La Contraloría debió comunicarlo e informarles el plazo para recurrirlo; no hacerlo constituye una violación al debido proceso", señaló.
Por estas razones, el abogado presentó una excepción de constitucionalidad, solicitando al juez que declare el informe "no conforme a la Constitución" en lo referente a Ángel Lockward. Rondón concluyó que el tribunal tiene el deber de "controlar la legalidad de la Administración y excluir todo acto contrario a la Constitución".

El proyecto de ley debe volver al Senado de la República, donde había sido aprobado previamente, debido a las modificaciones que introdujeron los diputados.

Nancy Salcedo Fernández, jueza de la Suprema Corte de Justicia "destacó que la justicia abierta resulta fundamental para incorporar a las personas con discapacidad en los procesos de toma de decisiones

Los imputados que deberán cumplir la medida de coerción en la cárcel pública del kilómetro 15 de Azua son Eduard Alexander Moreta Díaz, Edwar Confesor Nicolás Marmolejos, Eudy Rodríguez, Michael Vallejo Sánchez, Meregildo Segura Cuevas.

La operación se inició tras una alerta sobre una embarcación que se dirigía hacia las costas dominicanas con posible cargamento de sustancias controladas. Inmediatamente, se desplegaron labores de interdicción por aire, mar y tierra para interceptar la lancha.

El presidente de la organización, el magistrado Andrés Coma, expresó su profunda condena y preocupación por los actos violentos que resultaron en la muerte y heridas de dos testigos en incidentes separados ocurridos en Santo Domingo Este y San Francisco de Macorís.

Según Domínguez Brito, la propuesta legislativa es "bastante floja" y no endurece la lucha contra el crimen, lo que podría resultar en un agravamiento de problemas estructurales ya existentes en el sistema de justicia penal del país.

La menor había sido reconocida por sus méritos académicos e incluida en el cuadro de honor del colegio, para lo cual la institución organizó un pasadía con los estudiantes destacados.

Las embarcaciones pertenecían a las empresas Transporte Deo Rigo y Transporte Rápido El Oriente. A bordo se encontraban menores, docentes y adultos mayores, quienes fueron arrastrados al río Ucayali.

Según Domínguez Brito, la propuesta legislativa es "bastante floja" y no endurece la lucha contra el crimen, lo que podría resultar en un agravamiento de problemas estructurales ya existentes en el sistema de justicia penal del país.

El objetivo de las instituciones involucradas es ampliar las acciones conjuntas para proteger la economía nacional y garantizar la competencia leal en el comercio nacional.

Destacó que los recientes operativos ejecutados en el país "reflejan un esfuerzo sin precedentes en esta materia" y reafirman el compromiso de las autoridades frente a las amenazas del crimen organizado.

El acto de lanzamiento fue encabezado por el presidente Luis Abinader, quien exhortó a los agentes a ejecutar su labor con honestidad y estricto apego a los derechos humanos.

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La vedette y modelo Jimena Araya, conocida como 'Rosita', estuvo detenida en 2012 por su presunto vínculo con el criminal más buscado de Venezuela.

El dirigente de transportes, Mario Ureña, se desplomó súbitamente, mientras debatían sobre la situación del transporte en la provincia de Santiago,