El recurso, depositado por los juristas Pedro Virginio Balbuena Batista, Juan de Jesús Santos Santos, Emery Colombi Rodríguez Mateo y Elio José Delgado Vales, busca asegurar que el Código Penal respete el ordenamiento constitucional.
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La Asociación Internacional de Derecho Penal, Grupo Dominicano (AIDP-GD), y la Asociación de Abogados de la Provincia Espaillat (AAPE) interpusieron ante el Tribunal Constitucional (TC) una acción directa de inconstitucionalidad contra más de cincuenta artículos del nuevo Código Penal dominicano, promulgado como Ley Orgánica 74-25 el pasado 3 de agosto de 2025.
Las organizaciones y juristas alegan que el nuevo cuerpo normativo contiene disposiciones que vulneran derechos y principios fundamentales consagrados en la Constitución dominicana y en los tratados internacionales de derechos humanos.
El recurso, depositado por los juristas Pedro Virginio Balbuena Batista, Juan de Jesús Santos Santos, Emery Colombi Rodríguez Mateo y Elio José Delgado Vales, busca asegurar que el Código Penal respete el ordenamiento constitucional.
Artículos Cuestionados
La acción impugna artículos clave como el 2.10, 24, 49, 68, 142, 170, 214, 260, 284, 303 y 388, entre otros.
Violaciones Constitucionales
Los accionantes sostienen que estos artículos contravienen al menos doce artículos de la Constitución, incluyendo los relativos a la dignidad humana, la igualdad, el debido proceso y la finalidad resocializadora de la pena.
Bloque de Convencionalidad
También se invocan violaciones a instrumentos internacionales como la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, los cuales tienen jerarquía constitucional según el artículo 74.3.
Los juristas afirman que el nuevo Código Penal desconoce principios básicos del derecho penal moderno, como la legalidad, la proporcionalidad y la humanidad.
Alegan que se incluyen tipos penales vagos o sanciones desproporcionadas que podrían dar lugar a interpretaciones arbitrarias, citando jurisprudencia del TC sobre la inconstitucionalidad de los tipos penales indeterminados.
Coherencia Alterada y Futuro del Proceso
Según la defensa, aunque la Ley 74-25 representa una modernización necesaria para sustituir el texto vigente desde 1884, el Congreso introdujo modificaciones que alteraron su coherencia y crearon contradicciones con los estándares constitucionales.
Los accionantes consideran que no se puede aprobar la reforma a costa de sacrificar principios que protegen la libertad y la seguridad jurídica.
El Código Penal tiene previsto entrar en vigor en agosto de 2026, tras un período de vacatio legis de doce meses.
El recurso solicita al Tribunal Constitucional que acoja la acción, convoque a audiencia pública, y declare la nulidad de los artículos impugnados por contravenir la supremacía constitucional.
De admitirse, este proceso se perfilaría como uno de los debates constitucionales más significativos en los últimos años en la República Dominicana.
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