Líderes de la región asumen un compromiso histórico para impulsar la justicia abierta

Santo Domingo, RD

En el marco de la Primera Conferencia Internacional de Justicia Abierta, líderes del sector judicial de 21 países de América Latina y el Caribe, junto con representantes de la sociedad civil y organismos internacionales, firmaron este jueves la Declaración de Santo Domingo. Este es un compromiso histórico para fortalecer la democracia y la transparencia en el sector de la justicia de la región.

A través de este documento, los líderes firmantes se comprometieron a promover la adopción de políticas, estrategias y programas de justicia abierta en las instituciones del sector judicial. Estos programas deberán contar con metas, indicadores y presupuestos claros, elaborados de manera participativa e inclusiva, y buscarán fortalecer las capacidades institucionales de los sistemas judiciales.

Entre los puntos clave de la declaración, se incluyen:

Promover y priorizar la adopción de marcos normativos y políticas públicas que faciliten la implementación de iniciativas y reformas de justicia abierta, con sus correspondientes asignaciones presupuestarias.

Procurar recursos humanos, financieros y técnicos —internos y de cooperación internacional— para proyectos innovadores en materia de transparencia, participación ciudadana y rendición de cuentas.

Aprovechar y desarrollar el conocimiento de las organizaciones de la sociedad civil y la academia para la co-creación de iniciativas y proyectos.

Fomentar la medición y difusión del progreso de las políticas de justicia abierta mediante indicadores comparables y evaluaciones independientes.

Profundizar en la generación de conocimiento técnico para respaldar la implementación de reformas basadas en evidencia.

Fortalecer la participación de instituciones judiciales y organizaciones de la sociedad civil en espacios de co-creación, bajo el marco de la Alianza para el Gobierno Abierto.

Finalmente, los compromisos incluyen la inclusión de la perspectiva de igualdad de género e interseccionalidad. El objetivo es incorporar en los programas de justicia abierta enfoques diferenciales que atiendan las necesidades de mujeres, la población LGBTQ+, pueblos indígenas, afrodescendientes, personas con discapacidad, víctimas, adultos mayores, jóvenes, migrantes y otros grupos históricamente marginados.

El documento final hace un llamado a diversas entidades a sumarse a esta agenda, bajo la convicción de que una justicia abierta, independiente, íntegra, eficaz e inclusiva es una condición esencial para el fortalecimiento de las democracias en la región.

Para dar seguimiento a los acuerdos, se constituyó el Comité Regional de Justicia Abierta (CRJA), integrado paritariamente por poderes judiciales, organizaciones de la sociedad civil y organismos internacionales, con el respaldo de la Red Internacional de Justicia Abierta (RIJA).

La Declaración de Santo Domingo se fundamenta en los principios de participación ciudadana, transparencia, acceso a la información, rendición de cuentas y colaboración centrada en las personas. La conferencia, que se celebró en República Dominicana los días 27 y 28 de agosto, fue un espacio clave para el diálogo y el consenso.

Los 21 países participantes fueron: Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, España, Estados Unidos, Francia, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Países Bajos, Panamá, Perú, Polonia, República Dominicana y Venezuela.