Dijo este modelo contradice lo establecido en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU y vulnera derechos fundamentales
Panorama18 de agosto de 2025
La abogada y activista Maxi Feliz, defensora de los derechos de las personas con autismo, ha denunciado que la "educación inclusiva" en la República Dominicana es, en realidad, un modelo que mezcla integración y segregación, lo cual incumple con las leyes nacionales y los tratados internacionales.
Feliz señaló que este modelo contradice lo establecido en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU (2006) y vulnera derechos fundamentales de la Constitución dominicana, como el derecho a la igualdad y a la educación universal.
En su opinión, cuando una escuela expulsa a un niño "por ser diferente", el Estado dominicano queda en una posición "internacionalmente vergonzosa".
Feliz, quien es madre de un niño con Trastorno del Espectro Autista (TEA), compartió un testimonio que, según ella, refleja una realidad común: a una familia se le negó la matrícula en una escuela privada bajo la excusa de que "no estaban preparados" para un niño neurodivergente.
La activista afirmó que este relato no es un caso aislado y que el problema se agrava por el incumplimiento de la Ley 34-23 sobre Atención, Inclusión e Integración de las Personas con TEA.
La abogada cuestionó a las autoridades por la ausencia de formación obligatoria para el personal docente, protocolos claros de acompañamiento individualizado, supervisión efectiva de los "ajustes razonables", sanciones reales para las instituciones que discriminan.
Según Feliz, las excusas de "no estamos preparados" o "no hay cupo" son formas de "expulsión encubierta", una "violencia" que ocurre a diario en los colegios, especialmente en los privados.
Propuestas para una Inclusión Real
Para abordar el problema, Maxi Feliz presentó una serie de propuestas concretas dirigidas al Estado y a la sociedad:
Levantamiento nacional de estadísticas sobre neurodiversidad, ampliación de aulas públicas inclusivas con un presupuesto adecuado, expansión del CAID (Centro de Atención Integral para la Discapacidad) para incluir a adolescentes y adultos, subsidio estatal para el salario de maestras sombra en colegios privados inclusivos, garantizar cupo en las escuelas regulares con los apoyos necesarios, formación obligatoria para todo el personal escolar en neurodiversidad, transparencia en el uso de los fondos asignados para la inclusión.
Campañas de concientización para desmontar prejuicios.
Feliz concluyó con un llamado enérgico a la acción: "Esto no es un favor, es el cumplimiento de la ley. Y si tenemos que ir a los tribunales, iremos; nuestros hijos no están pidiendo permiso: están reclamando lo que ya les pertenece. Sin datos, no hay inclusión. Sin acción política, no hay derechos".
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