Ministerio Público dice sobrobo acusaciones por corrupción contra  Alexis Medina y coimputados

El Ministerio Público ha presentado ante el Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional un caso "sobreprobado" de corrupción administrativa contra Juan Alexis Medina Sánchez y sus coimputados, logrando establecer que el imputado encabezó un entramado que desvió más de 5,000 millones de pesos del erario.

El tribunal, presidido por la magistrada Claribel Nivar e integrado por las juezas Yissell Soto Peña y Clara Sobeyda Castillo, ha fijado para el miércoles 13 de agosto, a las 11:00 de la mañana, la lectura de su decisión.

La titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), Mirna Ortiz, calificó el proceso como "un caso sobreprobado por el Ministerio Público, cuya fortaleza descansa en la contundencia de las evidencias presentadas". 

Ortiz recordó que estas pruebas demostraron el esquema de corrupción que operó bajo las directrices de Medina Sánchez. En cuanto a la declaración ofrecida por el acusado, el Ministerio Público puntualizó que dejó fuera aspectos esenciales del caso, como el pago de sobornos evidenciado en cheques emitidos por sus empresas a funcionarios públicos bajo el concepto de "gratificación", las sesiones de crédito falsificadas (sustentadas en experticias caligráficas y testimonios), y las reuniones en la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (Oisoe), donde el procesado ejercía tráfico de influencias.

"De este proceso, sin duda vendrá una sentencia condenatoria. Ahora corresponde al sistema de justicia dar la respuesta que esta sociedad espera", concluyó Ortiz.

 Solicitudes de Penas y Medidas Adicionales
 El pasado abril, el Ministerio Público solicitó al tribunal las siguientes condenas:

Juan Alexis Medina Sánchez: 20 años de prisión y el pago de 400 salarios mínimos.

José Dolores Santana Carmona y Wacal Vernabel Méndez Pineda: 15 años de prisión y el pago de 200 salarios mínimos.

Fernando Aquilino Rosa Rosa (expresidente del Fonper) y Carmen Magalys Medina Sánchez (exvicepresidenta administrativa del Fonper y hermana de Alexis Medina Sánchez): 10 años de prisión.

Carlos José Alarcón, Ramón Brea Morel (Jhonny Brea) y Lina Ercilia de la Cruz Vargas: 10 años de prisión.

Libni Arodi Valenzuela Matos, Paola Mercedes Molina Suazo, Carlos Martín Montes de Oca, Rigoberto Alcántara Batista, José Miguel Genao Torres, Antonio Florentino Méndez, Fulvio Antonio Cabreja Gómez y José Idelfonso Correa Martínez: 10 años de prisión y el pago de 200 salarios mínimos.

Pachristy Emmanuel Ramírez Pacheco, Lorenzo Wilfredo Hidalgo Núñez (exministro de Salud Pública) y Rafael Antonio

Germosén Andújar: 5 años de prisión y el pago de 200 salarios mínimos.

Aquiles Alejandro Cristopher Sánchez (fiscalizador de la Oisoe): 3 años de prisión.
Además, el Ministerio Público requirió que todos los acusados sean condenados a la inhabilitación para contratar con el Estado y para ocupar cargos públicos por 10 años, al decomiso de todos los bienes incautados producto de las actividades ilícitas, y a la degradación cívica consistente en la pérdida de los derechos civiles, políticos y de ciudadanía.

Se solicitó que las penas sean cumplidas en los centros de corrección y rehabilitación Najayo Hombres y Najayo Mujeres, según corresponda.

Acuerdo con Víctor Matías Encarnación Montero
En relación con Víctor Matías Encarnación Montero, quien llegó a un acuerdo con el Ministerio Público, se solicitó una pena de cinco años de prisión suspendida y una multa de 500 salarios mínimos. Las condiciones incluyen residir en un domicilio fijo, abstenerse de desempeñar cargos o ser contratado por entidades de intermediación financiera, mercado de valores o entidades públicas, y presentarse periódicamente ante el juez de la Ejecución de la Peña del Distrito Nacional.

Asimismo, se solicitó el decomiso de los 15 millones de pesos entregados voluntariamente por el acusado, o de bienes equivalentes, conforme a la Ley de Lavado de Activos, así como el decomiso de los bienes obtenidos con fondos drenados del erario mediante contrataciones irregulares.