Operación Lobo: Cinco imputados admiten sobornos y refuerzan la acusación del Ministerio Público

El procurador adjunto Wilson Camacho anunció este miércoles que cinco de los diez arrestados en la Operación Lobo han admitido las imputaciones en su contra, lo que representa el 50% de los imputados. Esta aceptación, según Camacho, "es una muestra de la fortaleza de la investigación del Ministerio Público y de las razones que hemos aportado al tribunal".

La Operación Lobo, encabezada por el Ministerio Público, desmanteló una red de sobornos que involucraba a militares y civiles y que afectó a diversas instituciones del Estado dominicano.

Camacho, quien lidera la Dirección General de Persecución del Ministerio Público y el equipo de fiscales en la audiencia (integrado por Mirna Ortiz, Elizabeth Paredes, Ernesto Guzmán, Yoneivy González y Rosa María Pichardo), calificó las pruebas presentadas como "irrefutables". Destacó que las evidencias incluyen documentación financiera precisa sobre cada transacción de soborno.

"Cada peso que se pagó en soborno está probado en el tribunal con los documentos contables que fueron aportados desde Senasa al proceso y con las transacciones financieras que se soportaron sobre esta distribución de sobornos”, puntualizó Camacho. Explicó que el expediente demuestra que todos los imputados tienen registrado el pago de sobornos. "Las transferencias las hizo Quilvio Rodríguez desde su empresa directo a las cuentas de los encargados de seguridad de las instituciones", detalló, añadiendo que las cuentas fueron facilitadas en reuniones para coordinar la distribución de los sobornos.

Colaboración y Medidas de Coerción
Camacho valoró la colaboración de los cinco imputados que admitieron su responsabilidad penal, quienes "tuvieron la responsabilidad de admitir los hechos y de explicar ante el tribunal cuál fue el mecanismo utilizado para la recepción de esos sobornos, y con esto, además, confirman la teoría del caso del Ministerio Público en el proceso".

El procurador adjunto señaló que la colaboración debe ser un elemento diferenciador en el proceso penal, ya que estas personas "tienen mucho menos incentivo para evadirse del proceso, porque están en colaboración con el Ministerio Público". Por ello, el Ministerio Público solicitó arresto domiciliario para los que confesaron y prisión preventiva para el resto.

El juez Rigoberto Sena, de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente, se reservó el fallo y emitirá su decisión este jueves a las 6:00 de la tarde.

Imputados e Instituciones Afectadas
Entre los imputados figuran el mayor general retirado del Ejército Carlos Ambrosio Robles Díaz; los coroneles Andrés Pacheco Varela, Luis Ernesto Vicioso Bocio, Francisco Guarín Fernández y Elías Camaño Pérez; el coronel de la Fuerza Aérea Yorbyn Eduardo Eufracio Aybar; el primer teniente del Ejército Wellington Peralta Santos; el coronel de la Policía Nacional Ramón Quezada Ortiz; el empresario Quilvio Bienvenido Rodríguez González y el civil Bolívar Nicolás Fernández Espinal.

La estructura criminal impactó negativamente instituciones como el Instituto Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia (Inaipi), el Seguro Nacional de Salud (Senasa) y las empresas distribuidoras de electricidad EdeNorte, EdeEste y EdeSur.

Los imputados enfrentan cargos por soborno, asociación de malhechores, estafa contra el Estado y lavado de activos, conforme a los artículos 177, 178, 179 párrafo, 180, 265, 266 y 405 del Código Penal Dominicano. También se les imputa la violación al artículo 146, numeral 1, de la Constitución de la República, que prohíbe la corrupción administrativa, y artículos de la Ley núm. 155-17 contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo.