"Aquí están sobornados y sobornantes; esperamos la respuesta del sistema de Justicia”, aseguró la procuradora de corte Mirna Ortiz, titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca)
JusticiaHoy
El Ministerio Público ha concluido la presentación de su solicitud de prisión preventiva contra militares y civiles arrestados en la Operación Lobo. Esta operación investiga el pago de sobornos en detrimento de fondos de instituciones públicas.
"Aquí están sobornados y sobornantes; esperamos la respuesta del sistema de Justicia”, aseguró la procuradora de corte Mirna Ortiz, titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), al salir de la audiencia la noche del lunes. Ortiz añadió que históricamente se les ha criticado por tener solo una de las partes en casos anteriores, pero en esta ocasión, "aquí están sobornados y sobornantes".
Ortiz formó parte del equipo de fiscales que representó al Ministerio Público, liderado por el procurador adjunto Wilson Camacho, titular de la Dirección General de Persecución. El Ministerio Público ha solicitado al juez Rigoberto Sena, de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional, la imposición de prisión preventiva para los imputados, dada la gravedad de los hechos, y la declaratoria del caso como complejo.
Además de Camacho y Ortiz, el equipo litigante estuvo integrado por los fiscales Elizabeth Paredes, Ernesto Guzmán, Yoneivy González y Rosa María Pichardo.
Debido a lo avanzado de la hora, el juez Sena recesó la audiencia, la cual se reanudará este martes 15 de julio, a las 2:00 de la tarde.
Detalles de la Operación Lobo y los Imputados
La Operación Lobo, iniciada esta semana, es parte de las acciones del Ministerio Público contra la corrupción y la impunidad. La investigación se centra en una red integrada por militares y civiles que supuestamente utilizaban esquemas de sobornos para obtener y mantener contratos con instituciones públicas, principalmente en el sector de la seguridad privada.
Entre los imputados figuran:
El mayor general retirado del Ejército Carlos Ambrosio Robles Díaz.
Los coroneles del Ejército Andrés Pacheco Varela, Luis Ernesto Vicioso Bocio, Francisco Guarín Fernández, y Elías Camaño Pérez, El coronel de la Fuerza Aérea Yorbyn Eduardo Eufracio Aybar.
El primer teniente del Ejército Wellington Peralta Santos.
El coronel de la Policía Nacional Ramón Quezada Ortiz.
El empresario Quilvio Bienvenido Rodríguez González.
El civil Bolívar Nicolás Fernández Espinal.
La estructura criminal habría impactado negativamente a instituciones como el Instituto Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia (Inaipi), el Seguro Nacional de Salud (Senasa) y las empresas distribuidoras de electricidad EdeNorte, EdeEste y EdeSur.
Los imputados enfrentan cargos por soborno, asociación de malhechores, estafa contra el Estado y lavado de activos. Estas imputaciones se basan en los artículos 177, 178, 179 párrafo, 180, 265, 266 y 405 del Código Penal Dominicano, así como en la violación al artículo 146, numeral 1, de la Constitución de la República, que prohíbe la corrupción administrativa. En lo relativo al lavado de activos, las acusaciones se sustentan en los artículos 3 (numerales 1, 2 y 3), artículo 4 (numeral 8), y artículo 9 (numerales 1, 2 y 4) de la Ley núm. 155-17 contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo.
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