
La procuradora general enfatizó que, si bien es vital garantizar los derechos del debido proceso para las personas privadas de libertad, las víctimas también necesitan una tutela efectiva de sus derechos.
La jueza Dorka Altagracia Vásquez, de Atención Permanente de Sánchez Ramírez, dictó la medida y ordenó que Yeyson Rojas Mosquea, la cumpla en la Fortaleza Palo Hincado de esa provincia.
Justicia14 de julio de 2025El tribunal de Sánchez Ramírez ha impuesto prisión preventiva por tres meses a Yeyson Rojas Mosquea, quien fue arrestado durante la Operación Jaguar. El Ministerio Público presentó pruebas que vinculan a Rojas Mosquea con una red de narcotráfico, lavado de activos y sicariato con conexiones al crimen transnacional.
La medida de coerción fue solicitada por un equipo fiscal que incluyó a José Miguel Marmolejos, en representación de la Dirección General de Persecución del Ministerio Público, y la fiscal titular de Sánchez Ramírez, Juana María Hernández, junto a los fiscales Francis Valerio, Tiburcio Antonio Gómez Vásquez y Rolando Vásquez.
La jueza Dorka Altagracia Vásquez, de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Sánchez Ramírez, dictó la medida y ordenó que Rojas Mosquea la cumpla en la Fortaleza Palo Hincado de esa provincia.
Red Criminal Transnacional y Hechos Violentos
El documento judicial explica que el Ministerio Público mantiene una investigación abierta sobre una estructura criminal que opera entre República Dominicana y México. Esta red se dedica al tráfico de drogas, tráfico de armas, lavado de activos, sicariatos y otras actividades delictivas.
Como parte de estas investigaciones, el 1 de julio de 2025, el Ministerio Público, la Policía Nacional, la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), con el apoyo del Ministerio de Defensa, la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos (DEA) y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP), ejecutaron la Operación Jaguar. El objetivo fue desarticular una célula del cartel mexicano de Sinaloa.
Se detalla que dicha célula ordenó y pagó por el asesinato del teniente policial retirado Juan Luis Castro Custodio (alias "el Polín") y el intento de asesinato de José Francisco Del Orbe Peña (alias "Gueilón"), ocurridos el 10 de febrero de 2025, en el sector Cocos del municipio Cotuí.
Los principales sospechosos de este hecho son los ciudadanos mexicanos César Eduardo González Zabala y Daniel Hiram Jáquez Ortega, quienes están siendo activamente perseguidos por las autoridades dominicanas en colaboración con la Oficina Central Nacional de la Interpol en Santo Domingo y la DEA.
El Ministerio Público informó al tribunal que los crímenes ocurridos en Cotuí fueron ordenados y planificados por miembros del cartel de Sinaloa en complicidad con ciudadanos dominicanos, como una acción para silenciar a personas relacionadas con la organización criminal.
Las investigaciones contra los miembros de esta estructura criminal dedicada al tráfico de drogas, armas, sicariato internacional y lavado de activos continúan en expansión, y se esperan nuevos sometimientos judiciales en el marco de la Operación Jaguar.
La procuradora general enfatizó que, si bien es vital garantizar los derechos del debido proceso para las personas privadas de libertad, las víctimas también necesitan una tutela efectiva de sus derechos.
El imputado, Juan José Guerrero Quezada, de 33 años, le provocó la muerte a su hermana, Mildred Estefanía Guerrero Quezada, de 35 años. Posteriormente, descuartizó a la víctima en un intento de desaparecer el cuerpo.
Consideró que, aunque tiene la competencia para conocer de la acción de amparo, la rechaza porque existen otras vías legales para que el demandante presente su solicitud
A través de este documento, los líderes firmantes se comprometieron a promover la adopción de políticas, estrategias y programas de justicia abierta en las instituciones del sector judicial.
El tribunal, integrado por los jueces Keyla Pérez Santana, Elías Santini y Arisleyda Santana, fijo la lectura íntegra de la sentencia para el próximo 4 noviembre de 2025 y remitió el expediente al juez de ejecución de la pena para su ejecución.
La también titular de la Comisión de Niñez del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) indicó que el país cuenta con rutas y protocolos claramente establecidos
Juan José Guerrero Quezada está acusado de cometer el crimen tras una discusión, y de intentar desaparecer el cuerpo de la víctima en el sector Los Restauradores, Mao.
Darío Morales Santana acusa a un asimilado de la Policía Nacional de intentar adueñarse de parte de una parcela familiar, alegando amenazas y falsificación de documentos.
Para "corregir los errores (cometidos por las bandas), hemos decidido que la primera decisión que tomaremos será facilitar el regreso de la gente a determinadas zonas", declaró en un video el expolicía
Abelardo Rutinel también valoró el inicio del nuevo año escolar 2025-2026, destacando los esfuerzos del Gobierno apoyar a las familias con la entrega del Bono Escolar
El tribunal, integrado por los jueces Keyla Pérez Santana, Elías Santini y Arisleyda Santana, fijo la lectura íntegra de la sentencia para el próximo 4 noviembre de 2025 y remitió el expediente al juez de ejecución de la pena para su ejecución.
A través de este documento, los líderes firmantes se comprometieron a promover la adopción de políticas, estrategias y programas de justicia abierta en las instituciones del sector judicial.
Consideró que, aunque tiene la competencia para conocer de la acción de amparo, la rechaza porque existen otras vías legales para que el demandante presente su solicitud
El imputado, Juan José Guerrero Quezada, de 33 años, le provocó la muerte a su hermana, Mildred Estefanía Guerrero Quezada, de 35 años. Posteriormente, descuartizó a la víctima en un intento de desaparecer el cuerpo.
La nueva sede del INDOTEL, ubicada en la Avenida 27 de Febrero, representa mejoras en términos financieros, administrativos, en la productividad de sus colaboradores, así como en la reducción de gastos