La acción de amparo fue interpuesta por Yohan López, ganador por mayoría de votos de dichas elecciones, en contra del CARD, su Comisión Electoral y Trajano Vidal Potentini.
Justicia20 de mayo de 2025
La Suprema Corte de Justicia (SCJ) declaró inadmisible la declinatoria por sospecha legítima presentada por Trajano Vidal Potentini, Miguel Surun Hernández y la Comisión Nacional Electoral del Colegio de Abogados de la República Dominicana (CARD), quienes buscaban evitar que la Primera Sala del Tribunal Superior Administrativo (TSA) conociera la acción de amparo relacionada con las elecciones del CARD celebradas el pasado 2 de diciembre de 2023.
La acción de amparo fue interpuesta por Yohan López, ganador por mayoría de votos de dichas elecciones, junto a los ciudadanos Humberto Tejeda Figuereo, Diego José Arquímedes García Ovalles y Saldi Ruth Suero Martínez, en contra del CARD, su Comisión Electoral y el señor Trajano Vidal Potentini.
Según la decisión de la SCJ, los argumentos presentados por los accionantes no demostraron una amenaza real a la imparcialidad de los jueces del TSA. El alto tribunal determinó que no existían fundamentos suficientes para justificar la remoción del tribunal apoderado del caso, ratificando así la competencia del órgano judicial para continuar conociendo el proceso.
La SCJ consideró la declinatoria como un intento infundado de dilatar el conocimiento de una acción constitucional clave, la cual busca hacer valer los resultados de las elecciones gremiales del CARD, cuestionados por sectores internos del propio colegio.
Esta decisión representa un paso importante hacia la resolución del conflicto electoral en el gremio de los abogados y fortalece la institucionalidad al reafirmar el principio de imparcialidad judicial en los procesos de alta sensibilidad.
La institución informó que ha respondido puntualmente a todas las solicitudes de la DGCP y de la Unidad Antifraude de la Contraloría, y que hará lo mismo con cualquier requerimiento de la Procuraduría General de la República
El artículo 52 establece que el límite de la pena aplicable en el concurso de infracciones muy graves, con penas de la misma naturaleza, no podrá ser superior a 60 años de prisión.
El Ministerio Público ha sustentado con más de 500 elementos probatorios la solicitud de prisión preventiva por 18 meses como medida de coerción para diez militares y civiles vinculados a la red de corrupción desmantelada por esta operación.
La obra, iniciada en mayo de 2024, ya supera el 60% de ejecución y se proyecta su finalización para diciembre de este año, cumpliendo con el cronograma establecido.
El Juzgado de la Instrucción de San Juan de la Maguana, había dictado una medida de coerción a Edward Santana Núñez, consistente en una garantía económica de RD$20,000 e impedimento de salida del país
Un equipo de 26 fiscales de los órganos de investigación del Ministerio Público, respaldado por 189 agentes de la Policía Nacional, trabajó para desmantelar esta red y en las próximas horas depositaràn medida de coerción
La entrega fue hecha por la vicepresidenta de la República, Raquel Peña y los ministros de Deportes, Kelvin Cruz y el ministro de Vivienda y Edificaciones, Carlos Bonilla
La moderna edificación puso fin a una espera de más de 50 años de promesas incumplidas para el sector Pueblo Nuevo de San Francisco de Macorís.
La comunicación concluye reafirmando que, hasta tanto no se emita dicho reglamento, la competencia para autorizar el uso de suelo sigue recayendo exclusivamente en los ayuntamientos.
Con esta nueva muñeca, la empresa busca responder a las críticas sobre los estándares de belleza de sus productos, promoviendo una mayor representatividad e inclusión.
La obra, iniciada en mayo de 2024, ya supera el 60% de ejecución y se proyecta su finalización para diciembre de este año, cumpliendo con el cronograma establecido.
La misión principal del Comité Científico será identificar y diseñar proyectos de investigación e innovación en áreas cruciales para el bienestar y el desarrollo del país, así como proponer soluciones a desafíos actuales y futuros.
Jaime Tolentino, presidente de los federados de las APMAE, destacó positivamente las medidas adoptadas por la cartera educativa.
El Ministerio Público ha sustentado con más de 500 elementos probatorios la solicitud de prisión preventiva por 18 meses como medida de coerción para diez militares y civiles vinculados a la red de corrupción desmantelada por esta operación.
La institución informó que ha respondido puntualmente a todas las solicitudes de la DGCP y de la Unidad Antifraude de la Contraloría, y que hará lo mismo con cualquier requerimiento de la Procuraduría General de la República