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Operación Nido: Ministerio Público inicia lectura de acusación contra Emmanuel Rivera y compartes
Los fiscales Magalys Sánchez, Laura Vargas y Andrés Mena dieron inicio a la lectura de la acusación ante el Primer Juzgado de Instrucción
Justicia07 de marzo de 2025
El Ministerio Público inició la audiencia preliminar contra Emmanuel Rivera Ledesma y compartes, señalados como parte de una red delictiva que estafó a más de 500 personas mediante falsos proyectos inmobiliarios. De acuerdo con la acusación, Rivera Ledesma lideró las maniobras fraudulentas que permitieron captar millones de pesos y dólares de las víctimas.
Los fiscales Magalys Sánchez, Laura Vargas y Andrés Mena dieron inicio a la lectura de la acusación ante el Primer Juzgado de Instrucción, en la que también figuran como acusados Luis Alberto Méndez Rosario, José Ramón Castillo Peña, María del Carmen Fernández Gómez, Rafael Antonio Guzmán Peralta, Esteban de Jesús Rojas, Carolina Martínez Jiménez, Héctor Manuel Díaz Peña, Francisca Altagracia Torres, Miguel Ángel Suero Pimentel y Julio César Vargas, además de las empresas Indisarq, SRL y CRD Equipos Pesados, SRL.
El expediente detalla que los acusados enfrentan cargos por estafa, falsificación de documentos, asociación de malhechores y lavado de activos, en violación de los artículos 265, 266, 405, 59, 60 y 147 del Código Penal Dominicano.
La investigación reveló que la red utilizaba las empresas Indisarq, SRL y CRD Equipos Pesados, SRL para comercializar propiedades inexistentes y captar fondos de las víctimas. De igual modo, se determinó que estas compañías incumplieron sus obligaciones fiscales ante la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), incurriendo en defraudación tributaria.
El fraude supera los RD$235 millones y US$10 millones, montos que el Ministerio Público busca recuperar a favor de los afectados. Como parte de las acciones legales, se incautaron bienes adquiridos con los fondos de las víctimas, incluyendo casas, apartamentos, vehículos y maquinaria pesada, los cuales también fueron utilizados para costear el alto estilo de vida de los imputados.
La red fue desmantelada tras 25 allanamientos en San Cristóbal, Dajabón, Espaillat, Sánchez Ramírez y el Distrito Nacional, donde se confiscaron propiedades y documentos clave. Entre las pruebas presentadas, se señala que Emmanuel Rivera Ledesma utilizaba el nombre de figuras públicas para ganar credibilidad ante sus víctimas.
Asimismo, intentó disuadir a los afectados de presentar querellas, ofreciendo nuevos contratos fraudulentos con el fin de obstruir el proceso judicial.
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