Jurista advierte sobre “choque de trenes” constitucional entre Senado y TC por reforma al Código Procesal Penal

 José Martínez Hoepelman, connotado jurista con amplia práctica en el proceso penal, emitió una severa advertencia sobre dos riesgos críticos que entraña el proyecto de reforma al Código Procesal Penal (CPP) que se debate en el Senado de la República.

En una entrevista concedida al programa La Mirada (RDTV), Martínez Hoepelman denunció la existencia de una evidente "pugna o insurrección" del Senado contra los precedentes vinculantes del Tribunal Constitucional (TC), y señaló que varias modificaciones propuestas comprometen gravemente garantías fundamentales.

Martínez Hoepelman alertó sobre un "choque de trenes" entre el Senado y el Tribunal Constitucional. El TC ha aclarado diversos puntos de debate jurídico-procesales relacionados con los derechos fundamentales en el CPP, estableciendo precedentes de acatamiento obligatorio para todos los poderes públicos.

"El Senado, con la reforma que se plantea, busca imponer criterios contrarios a los establecidos por el Tribunal Constitucional en sus precedentes," explicó Martínez Hoepelman. Esto, a su juicio, podría interpretarse como una insurrección que socava la jerarquía normativa y la seguridad jurídica.

Riesgos constitucionales críticos en el proyecto

El jurista centró su preocupación en que el proyecto de ley, conocido como "Redacción Alterna Justicia Fusión", desnaturaliza garantías en la búsqueda de una mayor eficacia en la persecución penal, amenazando el Estatuto de Libertad y el debido proceso.

Prisión preventiva como "pena anticipada"

La modificación que presenta el riesgo constitucional principal, según Hoepelman, es la adición de nuevas causales para la prisión preventiva.

Inclusión de la Reiteración Delictiva

 La propuesta (Art. 238) adiciona la "reiteración delictiva" como presupuesto obligatorio para aplicar la prisión preventiva.

Conflicto Constitucional

"La prisión preventiva debe ser, por mandato constitucional, excepcional y proporcional (Art. 40.9 Const.). Al incluir la reiteración delictiva, el sistema corre el riesgo inminente de aplicar la prisión preventiva basándose en el historial del imputado, transformándola de una medida cautelar en una pena anticipada," explicó, señalando la vulneración al principio de presunción de inocencia (Art. 69.3 Const.).

Duración Excesiva: Se extiende a veinticuatro meses (2 años) la duración máxima de la prisión preventiva en casos complejos, con posibilidad de una ampliación adicional de un año, totalizando tres años de detención preventiva, lo que atenta contra el derecho a ser juzgado en un plazo razonable (Art. 69.2 Const.).
 

Otro punto de crítica es la extensión de los plazos máximos del proceso

El proyecto (Art. 377) aumenta la duración máxima del proceso en asuntos complejos de cuatro a seis años.
Vulneración del Debido Proceso:

"Esta prolongación de hasta seis años para un proceso, y de hasta 36 meses bajo prisión preventiva, puede considerarse excesiva y potencialmente violatoria del derecho a ser juzgado en un plazo razonable," afirmó.
 

 Ampliación del criterio de oportunidad

El jurista también mencionó el riesgo potencial de la ampliación de la discrecionalidad del Ministerio Público (MP), que eleva el límite de pena para la exclusión del criterio de oportunidad de tres a cinco años (Art. 35). Advirtió que esto podría ser cuestionado bajo el principio de obligatoriedad de la acción pública y afectar el derecho de la víctima a la tutela judicial efectiva.

Llamado a los Legisladores

Martínez Hoepelman concluyó señalando que, si bien el proyecto introduce mejoras en otras áreas (como la inclusión explícita del error en la valoración de la prueba como causal de apelación), se evidencia una intención de adecuar el sistema de justicia a las limitaciones humanas de los actores a costa de los derechos y garantías conseguidos.

Finalmente, instó a los legisladores a evitar una crisis político-jurídica, a no caer en insurrección contra el Tribunal Constitucional y a examinar exhaustivamente las propuestas para asegurar que la reforma no socave el Estado social y democrático de derecho consagrado en la Constitución.