Las actividades fraudulentas en las que se especializaron los imputados vinculados a la falsificación de documentos públicos arrestados tras el despliegue de la Operación Colibrí, amenazaron la seguridad jurídica y lasceraron la confianza institucional, en tanto que, además, vulneraron el sistema del Registro Civil del país.
Los detalles de los ilícitos cometidos por la estructura que, principalmente, atacó el sistema de la Junta Central Electoral, están contenidos en la instancia de solicitud de medidas de coerción que plantea a la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente la petición a que se imponga la prisión preventiva por 18 meses y se declare de tramitación compleja el proceso.
La investigación de la Operación Colibrí coordinada por la Fiscalía de Santiago y la Dirección General de Persecución del Ministerio Público y la Policía Nacional, se desarrolla con el apoyo de la Junta Central Electoral, cuyas direcciones de Seguridad Civil, Inspectoría, Cedulación y Consultoría Jurídica, vigilaban el comportamiento de personas que alrededor de sus oficialías y dependencias ofrecían servicios fraudulentos, con el concurso y apoyo de al menos un empleado del organismo que está entre los sometidos a medida de coerción.
Durante las diligencias de campo, incluyendo 18 allanamientos, más de 20 fiscales del Ministerio Público y unos 200 agentes de la Policía Nacional, se incautaron de evidencias materiales, documentales, y otras, como plásticos para la impresión de cédulas, carnet, licencias; también títulos de propiedad falsificados, entre otros elementos que constituyen una irrefutable demostración de la implicación de los detenidos con los hechos.
Además, entre lo incautado hay dispositivos electrónicos que utilizaban para el borrado de datos originales, para emitir títulos y cédulas a nombre de terceros.
El titular de la Fiscalía de Santiago, magistrado Osvaldo Bonilla, indicó este viernes que los allanamientos se desarrollaron en centros de internet que servían como laboratorios para estas tareas fraudulentas, oficinas de abogados así como viviendas, en donde se incautaron de las pruebas que serán presentadas al tribunal.
"La que nos ocupa es una investigación en la que trabajábamos junto a la Junta Central Electoral (JCE), hace aproximadamente un año. El impacto de las actividades desarrolladas por esta estructura lo medimos en función de la amenaza que representó para la seguridad jurídica de la JCE, el Ministerio de Interior y Policía, entre otras instituciones a las que ha afectado", estableció Bonilla.
Los imputados son Luis Manuel Rodríguez Taveras, William Ramón Rodríguez Rodríguez, Samuel Elías Ceballos Ramos, Ana Delia Isidra Tavarez Soto, Tomás Enmanuel Rojas Guzmán, Julio César Almonte Espinal, Arsenio Rafael Reyes, Yanuel Morales, Noel de Jesús Padilla Minaya, Fausto Merán, José Rosario Marte, José Alfonso Acevedo García, José Miguel Cruz Hiraldo, Rubén Amauris Ramírez, Rubén Darío Núñez Ortega y José Carlos Montero Troncoso, este último, un empleado de la Junta Central Electoral.
Además de la emisión fraudulenta de cédulas de identidad, esta organización criminal, que amenazó la seguridad jurídica de modo que transgredieron la credibilidad de la documentación pública emitida por los órganos del Estado, se especializaba en fa…
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