
A solicitud del Ministerio Público, el juez Rigoberto Sena declaró el caso como complejo y otorgó un plazo de 12 meses para que el Ministerio Público concluya la investigación y presente la acusación formal.
Según su testimonio, el objetivo de la administración sería despojarlos de sus propiedades para dar paso a la construcción de un nuevo complejo hotelero , lo que, afirman, representa un atropello a su inversión
JusticiaAyerPUNTA CANA, RD
Más de 300 propietarios del complejo turístico Cana Bay Resort, ubicado en Punta Cana, han denunciado una serie de abusos que, según afirman, atentan contra sus derechos de propiedad y la seguridad jurídica de sus inversiones. Las principales quejas incluyen restricciones de acceso a sus propiedades, presiones para firmar un "Reglamento Protector" impuesto por la administración, y represalias contra quienes se niegan a aceptar estas condiciones.
Los denunciantes aseguraron que uno de los propietarios afectados interpuso un recurso de amparo, el cual fue fallado a su favor por la Segunda Sala del Tribunal de Tierras de Jurisdicción Original de La Altagracia.
La sentencia ordenó a la administración cesar inmediatamente toda limitación de acceso, además de imponer una multa diaria por incumplimiento. No obstante, los propietarios afirman que, a pesar de la sentencia, las prácticas hostiles persisten y que otros propietarios continúan enfrentando obstáculos similares.
Según su testimonio, el objetivo de la administración sería despojarlos de sus propiedades para dar paso a la construcción de un nuevo complejo hotelero , lo que, afirman, representa no solo un atropello a su inversión, sino también un riesgo para la seguridad jurídica en el país.
“Esto no solo afecta nuestro sueño de tener una vivienda propia y digna, sino que también pone en entredicho la autoridad del clima de inversión en República Dominicana”, expresó mediante un comunicado.
Los propietarios hacen un llamado urgente a las autoridades competentes , incluyendo a la Procuraduría General, al Ministerio de Turismo y al Poder Judicial, para que intervengan y frenen lo que califican como una violación sistemática a sus derechos adquiridos.
A solicitud del Ministerio Público, el juez Rigoberto Sena declaró el caso como complejo y otorgó un plazo de 12 meses para que el Ministerio Público concluya la investigación y presente la acusación formal.
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