Según su testimonio, el objetivo de la administración sería despojarlos de sus propiedades para dar paso a la construcción de un nuevo complejo hotelero , lo que, afirman, representa un atropello a su inversión
Justicia04 de julio de 2025
PUNTA CANA, RD
Más de 300 propietarios del complejo turístico Cana Bay Resort, ubicado en Punta Cana, han denunciado una serie de abusos que, según afirman, atentan contra sus derechos de propiedad y la seguridad jurídica de sus inversiones. Las principales quejas incluyen restricciones de acceso a sus propiedades, presiones para firmar un "Reglamento Protector" impuesto por la administración, y represalias contra quienes se niegan a aceptar estas condiciones.
Los denunciantes aseguraron que uno de los propietarios afectados interpuso un recurso de amparo, el cual fue fallado a su favor por la Segunda Sala del Tribunal de Tierras de Jurisdicción Original de La Altagracia.
La sentencia ordenó a la administración cesar inmediatamente toda limitación de acceso, además de imponer una multa diaria por incumplimiento. No obstante, los propietarios afirman que, a pesar de la sentencia, las prácticas hostiles persisten y que otros propietarios continúan enfrentando obstáculos similares.
Según su testimonio, el objetivo de la administración sería despojarlos de sus propiedades para dar paso a la construcción de un nuevo complejo hotelero , lo que, afirman, representa no solo un atropello a su inversión, sino también un riesgo para la seguridad jurídica en el país.
“Esto no solo afecta nuestro sueño de tener una vivienda propia y digna, sino que también pone en entredicho la autoridad del clima de inversión en República Dominicana”, expresó mediante un comunicado.
Los propietarios hacen un llamado urgente a las autoridades competentes , incluyendo a la Procuraduría General, al Ministerio de Turismo y al Poder Judicial, para que intervengan y frenen lo que califican como una violación sistemática a sus derechos adquiridos.
La institución informó que ha respondido puntualmente a todas las solicitudes de la DGCP y de la Unidad Antifraude de la Contraloría, y que hará lo mismo con cualquier requerimiento de la Procuraduría General de la República
El artículo 52 establece que el límite de la pena aplicable en el concurso de infracciones muy graves, con penas de la misma naturaleza, no podrá ser superior a 60 años de prisión.
El Ministerio Público ha sustentado con más de 500 elementos probatorios la solicitud de prisión preventiva por 18 meses como medida de coerción para diez militares y civiles vinculados a la red de corrupción desmantelada por esta operación.
La obra, iniciada en mayo de 2024, ya supera el 60% de ejecución y se proyecta su finalización para diciembre de este año, cumpliendo con el cronograma establecido.
El Juzgado de la Instrucción de San Juan de la Maguana, había dictado una medida de coerción a Edward Santana Núñez, consistente en una garantía económica de RD$20,000 e impedimento de salida del país
Un equipo de 26 fiscales de los órganos de investigación del Ministerio Público, respaldado por 189 agentes de la Policía Nacional, trabajó para desmantelar esta red y en las próximas horas depositaràn medida de coerción
La entrega fue hecha por la vicepresidenta de la República, Raquel Peña y los ministros de Deportes, Kelvin Cruz y el ministro de Vivienda y Edificaciones, Carlos Bonilla
La moderna edificación puso fin a una espera de más de 50 años de promesas incumplidas para el sector Pueblo Nuevo de San Francisco de Macorís.
La comunicación concluye reafirmando que, hasta tanto no se emita dicho reglamento, la competencia para autorizar el uso de suelo sigue recayendo exclusivamente en los ayuntamientos.
Con esta nueva muñeca, la empresa busca responder a las críticas sobre los estándares de belleza de sus productos, promoviendo una mayor representatividad e inclusión.
La obra, iniciada en mayo de 2024, ya supera el 60% de ejecución y se proyecta su finalización para diciembre de este año, cumpliendo con el cronograma establecido.
La misión principal del Comité Científico será identificar y diseñar proyectos de investigación e innovación en áreas cruciales para el bienestar y el desarrollo del país, así como proponer soluciones a desafíos actuales y futuros.
Jaime Tolentino, presidente de los federados de las APMAE, destacó positivamente las medidas adoptadas por la cartera educativa.
El Ministerio Público ha sustentado con más de 500 elementos probatorios la solicitud de prisión preventiva por 18 meses como medida de coerción para diez militares y civiles vinculados a la red de corrupción desmantelada por esta operación.
La institución informó que ha respondido puntualmente a todas las solicitudes de la DGCP y de la Unidad Antifraude de la Contraloría, y que hará lo mismo con cualquier requerimiento de la Procuraduría General de la República