
El Juzgado de la Instrucción de San Juan de la Maguana, había dictado una medida de coerción a Edward Santana Núñez, consistente en una garantía económica de RD$20,000 e impedimento de salida del país
Un equipo de 26 fiscales de los órganos de investigación del Ministerio Público, respaldado por 189 agentes de la Policía Nacional, trabajó para desmantelar esta red y en las próximas horas depositaràn medida de coerción
JusticiaAyerEl Ministerio Público ha puesto en marcha la Operación Lobo, un golpe contundente contra una estructura delictiva dedicada a la distribución de sobornos. Su objetivo era asegurar y mantener contratos de seguridad privada con diversas instituciones públicas.
La operación, liderada por la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) con el apoyo de la Dirección General de Persecución del Ministerio Público, implicó la realización de 15 allanamientos simultáneos en el Distrito Nacional y Santiago.
Un equipo de 26 fiscales de los órganos de investigación del Ministerio Público, respaldado por 189 agentes de la Policía Nacional, trabajó para desmantelar esta red. Las instituciones públicas afectadas incluyen el Instituto Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia (INAIPI), el Seguro Nacional de Salud (SENASA), la Empresa Distribuidora de Electricidad del Norte (Edenorte), la Empresa Distribuidora de Electricidad del Este (Edeeste) y la Empresa Distribuidora de Electricidad del Sur (Edesur).
La Dirección General de Persecución y la PEPCA adelantaron que esta investigación, que ya ha llevado al arresto de 14 personas, se inició gracias a una denuncia enviada al Ministerio Público por la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental, encabezada por la doctora Milagros Ortiz Bosch.
Explicaron que las líneas de investigación continúan su curso con la rigurosidad y la visión holística que la gestión de la procuradora general Yeni Berenice Reynoso promueve para estos casos, buscando enfrentar la criminalidad en todos sus ámbitos.
En las próximas horas, el Ministerio Público estará depositando su solicitud de medida de coerción contra los miembros de esta red criminal.
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El tribunal dispuso que los imputados deberàn cumplir la medida en los centros de corrección y rehabilitación de Najayo Hombres y Najayo Mujeres, en San Cristóbal.
Reiteró que las normativas promulgadas adquieren obligatoriedad conforme a los plazos establecidos en la Constitución y el Código Civil dominicano.
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