Embarazadas extranjeras: Migración vs Salud Publica

Una mujer grávida no es una paciente en estado de emergencia, no es lo mismo si está en labores de parto, la primera es una paciente ambulatoria y no es obligación del Estado dominicano tirarse arriba las embarazadas de otras naciones.  Las embarazadas no están exentas del cumplimiento de las condiciones de admisión en Estados extraños al suyo, como en el resto del mundo aquí no existen impedimentos de deportación en su contra.

Manipulan, unos, desconocen, otros, cuando plantean que el Reglamento 631-11 impide labores de la Dirección General de Migración (DGM) en deportación extranjeras embarazadas, una cosa es detenerlas en centros de retención migratoria y otra muy diferente es interceptarlas en labores de interdicción migratoria y deportarlas a su país de origen, que es lo que viene aconteciendo. Contrario a lo que se plantea, el Reglamento sí plantea, art. 37, que cuando el ministerio de SaludPublica determina que una paciente extranjera no tiene documentos que justifiquen la legalidad de su estatus migratorio, debe solicitar a la DGM para que realice las indagatorias correspondientes para que proceda conformidad con la ley; es decir, proceda a deportarla con todo y producto si fuere el caso.

Cuando el ministerio de SaludPublica dice que investigará la DGM acusa ignorancia supina de sus obligaciones legales en esta materia, de manera que, de investigadora debe pasar a ser investigada.

En los mismos términos debemos referirnos al afrentoso llamado de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), la cual guarda vergonzoso silencio frente a la dolorosa indefensión de la nación haitiana, para luego expeler estentóreos llamados de atención a R. D., para que suspenda el ejercicio de su soberano y reservado derecho a ejercer soberanamente sus políticas migratorias.  Como siempre, en un ejercicio hipócrita de su solidaridad de escaparate, únicamente habilitada para reclamar y estigmatizar la Nación Dominicana en su inmoral propósito de que seamos nosotros, los que no tenemos nada que ver en la generación de ese caos, los que paguemos los platos rotos de una explotación de la cual NUNCA hemos participado.

En la comunidad internacional, ni la ONU, ni nadie tienen calidad ética, moral, ni política para enrostrarnos absolutamente nada respecto Haití, permanecieron allí gastando más de US$800 M anuales, pagados por los Estados miembros, o lo que es lo mismo y mayor verdad, por los contribuyentes del mundo, sin poder mostrar el más mínimo vestigio de legado a la redención de las miserias haitianas.

Reconozco que el tema de las embarazadas y enfermos haitianos es sencible, no soy una bestia para no asimilarlo como tal, doloroso, sin embargo, no se trata de un insignificante daño colateral por nuestra vecindad con el colapso.  A continuación les copio un cuadro del impacto de la comunidad haitiana en el presupuesto de la salud pública, con datos suministrados por el Servicio Nacional de Salud (SNS), al año 2018, implicó un 29.85%, para un total de RD$16,680,140,500.59.

Un problema de esa magnitud, no se tapa con poses de falsa solidaridad aprovechando la sencibilidad que generan las mujeres grávidas, eso requiere una actuación responsable de la dirección del Estado y un abordaje objetivo de la comunidad mediática.  La industria criminal de trata y tráfico de mujeres embarazadas no es un tema tan sencillo como para abordarlo con sensiblerías maniqueísta.

Llegó el momento del desafío de los hipócritas, los de afuera y los de adentro, el que no esté dispuesto a la defensa de nuestros principios y valores, el que no comprenda el costo del sacrificio de nuestra identidad, que por lo menos se desnude como desconocedor o mercenario según sea el caso, de lo contrario, los primeros, que guarden riguroso silencio, y los segundos, que se enfrenten al estigma de judas. Actuemos, para evitar que la salida no nos confronte sangrientamente.