Tribunal impone coerción a integrantes de red de fraude financiero

 Un tribunal del Distrito Nacional ha impuesto garantía económica, presentación periódica e impedimento de salida del país a ocho imputados vinculados a una red criminal desmantelada, dedicada al fraude bancario y robo de identidad que operaba desde Bonao, provincia Monseñor Nouel.

El Ministerio Público había solicitado prisión preventiva para los imputados, argumentando la falta de garantías para su comparecencia y la existencia de peligro de fuga debido a la ausencia de arraigo suficiente.

 Medidas de Coerción Impuestas
El juez Rigoberto Sena, de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional, dictaminó las siguientes garantías económicas, mediante contratos:

RD$3,000,000 para Freddery García Ortiz, identificado como el cabecilla de la red y propietario de la empresa Decoral Muebles y Más, S.R.L.
RD$2,000,000 para su pareja, María Carolina Durán Tavárez.
RD$1,000,000 para George Charlie Abreu Tejada.
RD$500,000 para Jonathan Darío Pichardo y Raúl Ortiz Arias.
RD$200,000 para Tatiana Elizabeth Sosa Reyes y Alba Nidia Altagracia Gomera Lagares.
RD$150,000 para Wilton Rafael Gutiérrez (Chango).
A solicitud del Ministerio Público, el juez Rigoberto Sena declaró el caso como complejo y otorgó un plazo de 12 meses para que el Ministerio Público concluya la investigación y presente la acusación formal.

 
Investigación y Evidencias
El Ministerio Público, representado por el fiscal Carlos Vidal, encargado del Departamento de Litigación Inicial, y Gabriela Gómez Garrido, adscrita al Departamento Investigativo de Propiedad Industrial, Derecho de Autor y Crímenes y Delitos de Alta Tecnología, presentó cerca de 100 elementos de prueba. Estos elementos acreditan la participación de los imputados en el esquema delictivo, evidenciando su estructura, modus operandi y los resultados fraudulentos obtenidos.

Dicha evidencia fue recabada durante una investigación que se originó a raíz de reclamaciones de varios clientes de una entidad del sistema financiero nacional. Esto dio paso a una exhaustiva labor de seguimiento por parte del Ministerio Público, con el apoyo de la Dirección de Policía Cibernética (Dicat) de la Policía Nacional.

Las indagatorias permitieron identificar a los miembros de la red que, de manera fraudulenta, accedían a los perfiles de los clientes, realizaban múltiples transferencias ilícitas a cuentas bancarias controladas por los imputados y, posteriormente, retiraban los fondos a través de cajeros automáticos (ATM) y ventanillas en distintas instituciones financieras. Los implicados sustraían información confidencial para realizar transferencias fraudulentas hacia cuentas de los beneficiarios del esquema de estafa, apropiándose ilegalmente de los fondos.

 Operativo y Consecuencias
El operativo fue coordinado por el Departamento Investigativo de Propiedad Industrial, Derecho de Autor y Crímenes y Delitos de Alta Tecnología de la Fiscalía del Distrito Nacional, en coordinación con la Dirección General de Persecución del Ministerio Público. La fiscalía trabajó este caso junto a la Dirección de Policía Cibernética (Dicat) de la Policía Nacional.

Este operativo permitió la ejecución de 34 allanamientos simultáneos realizados por 40 fiscales, con el apoyo de más de 200 agentes del Dicat. Durante los allanamientos se ocuparon dispositivos electrónicos, documentos de identidad, libretas bancarias y otras evidencias relevantes para el caso. Además, se ocuparon sustancias controladas y vehículos, y el Ministerio Público procedió a la incautación de varios inmuebles adquiridos con los recursos obtenidos a través de las actividades delictivas.

El Ministerio Público ha calificado los hechos como violación a los artículos 265 y 266 del Código Penal Dominicano, así como a los artículos 6, 14, 15 y 17 de la Ley 53-07 sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología, y a la Ley No. 155-17 contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo.

Además, el órgano persecutor considera que se trata de una red criminal estructurada y peligrosa, por lo que solicitó al tribunal la imposición de prisión preventiva para garantizar el proceso y preservar la integridad de la investigación, la cual continúa abierta y en desarrollo para identificar a otros posibles implicados.