Participación Ciudadana demanda acciones eficaces y transparentes ante el deterioro del sector eléctrico

Participación Ciudadana, capítulo dominicano de Transparencia Internacional, expresa su preocupación ante la crisis persistente del sector eléctrico nacional.

Desde agosto a la fecha, el país ha sufrido apagones de hasta 12 horas diarias, convirtiendo este verano en un infierno para las familias y la economía popular, generando daños cuantiosos y protestas generalizadas.

A pesar de inversiones superiores a RD$2,000 millones en subestaciones y las promesas oficiales de resolver el problema antes de finales de 2025, la realidad refleja un deterioro estructural persistente.

De acuerdo con datos oficiales del Ministerio de Energía y Minas, entre enero y agosto de 2025, el Gobierno dominicano destinó más de RD$62,000 millones al subsidio eléctrico, cifra que representa alrededor del 60% de los subsidios estatales ejecutados en este período.

Esta proporción supera las inversiones en sectores estratégicos como salud y programas sociales.

A pesar de este esfuerzo fiscal masivo, las pérdidas de energía se incrementaron de 36.9% en 2024 a 37.6% en 2025. Esto significa que por cada RD$100 invertidos, cerca de RD$38 se pierden debido a fraudes, conexiones ilegales y deficiencias técnicas.

Una crisis estructural que ningún gobierno ha resuelto

El sector eléctrico enfrenta una crisis estructural que trasciende lo técnico y lo financiero.

A septiembre de 2024, el Ministerio de Energía y Minas reportó más de 800,000 conexiones ilegales al Sistema Eléctrico Nacional Interconectado (SENI), equivalentes al 25% de los clientes formales. 

Aunque al mes de agosto de 2025 esta cifra descendió a 650,000, el número sigue siendo alarmante y representa una de las principales fuentes de pérdidas del sistema.

Estremece a la opinión pública el conocimiento en detalle de como se han instalado mafias de funcionarios públicos, familiares de políticos y empresas creadas para tales fines, quienes han sustraído miles de millones de pesos y dólares y han sometido a este país al sufrimiento constante de largos apagones y a la economía dominicana a cuantiosas pérdidas por este concepto.

La persistencia cíclica de la crisis eléctrica se debe, además, a la inmensidad de los fraudes en el consumo, tanto de una parte de la población como también de sectores poderosos; la incapacidad de facturar lo servido y fallas graves en los sistemas de control interno, la gobernanza y la transparencia de las empresas distribuidoras (EDES).

El impacto de estas irregularidades se refleja con crudeza en las cifras oficiales: entre enero y mayo de 2025, las EDES registraron pérdidas del 41.7% del suministro eléctrico.

En ese sentido, advertimos que el reciente Decreto 517-25, que declara en emergencia aspectos clave del sector eléctrico, debe aplicarse con estrictos controles institucionales.

La experiencia nacional demuestra que los estados de excepción y las compras de urgencia, si no son acompañados de transparencia y fiscalización independiente, han sido históricamente terreno fértil para el despilfarro y la corrupción.

En consecuencia, exhortamos al Gobierno y a los organismos de control a garantizar que esta disposición no se convierta en un nuevo canal de privilegios indebidos y sobrevaluaciones en perjuicio de la ciudadanía.

Participación Ciudadana reafirma su compromiso con la vigilancia cívica, la defensa del uso ético de los recursos públicos y la promoción de políticas que fortalezcan la transparencia y la equidad.