La red criminal tenía alcance internacional y traficaba grandes cargamentos de drogas que eran almacenados y contabilizados
Justicia09 de septiembre de 2025
Un tribunal de San Pedro de Macorís condenó a 20 años de prisión a un hombre de nacionalidad colombiana que formaba parte de una red de narcotráfico internacional.
La red fue desarticulada en 2017 tras la incautación de más de 860 paquetes de cocaína en una residencia de Juan Dolio.
El Ministerio Público presentó un expediente contra John Freddy Perozo Suárez, en el que se detalla que el cargamento de droga fue hallado durante un allanamiento conjunto con la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) en una casa de la comunidad de Guayacanes.
El inmueble era utilizado como centro de acopio para el tráfico de grandes cantidades de drogas.
Los fiscales Carmen Mohammed y Santos Bastardo ejecutaron la orden de allanamiento y arresto No. 00070-2017.
En la vivienda, arrestaron a Perozo Suárez y ocuparon la droga, que estaba escondida en un clóset y en el baño de una habitación.
Durante el allanamiento también se incautaron dos pistolas Glock, varios teléfonos celulares (uno de ellos destruido por el acusado) y documentos personales.
Además, se encontraron libretas y hojas con anotaciones sobre los paquetes despachados y los pagos realizados.
También se hallaron tres tanques de gas, que al ser revisados, se determinó que eran utilizados para transportar las sustancias.
Según se estableció en el proceso, la red criminal tenía alcance internacional y traficaba grandes cargamentos de drogas que eran almacenados, contabilizados y distribuidos desde la residencia.
La fiscal Katherin Vallejo Herrera representó al Ministerio Público, presentando pruebas que sustentaron la acusación por violación de los artículos 4-A, 58-A, 59-A, 59-1, 60, 61, 75-III, 85-B, C y E, y 86 de la Ley 50-88 sobre Drogas y Sustancias Controladas.
Los jueces Juan de la Cruz Rijo Güílamo, Katerine Santana Mejía y Delfina Phillipes Silvestre, del Tribunal Colegiado de San Pedro de Macorís, dictaron la sentencia y ordenaron que la cumpla en el Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) de esa demarcación.
El Ministerio Público había solicitado prisión preventiva por considerar que existen suficientes elementos de prueba que vinculan a los imputados con la actividad ilícita.
La abogada de la querellante informó que el juez consideró que existen suficientes elementos para conocer el caso en juicio de fondo.
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En esencia, la sentencia establece que la simple impresión de un mensaje de WhatsApp no es suficiente si es impugnada, exigiendo que se demuestre, mediante experticia técnica, que la información digital es auténtica y no ha sido manipulada.
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