El objetivo de estos actos era obtener la prórroga de un contrato estatal vencido que había sido adjudicado a Dekolor para la instalación y operación del sistema integral de emisión y renovación de licencias de conducir
JusticiaAyer
El Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (INTRANT) y su director ejecutivo, Milton Morrison Ramírez, presentaron el pasado viernes 4 de julio de 2025, ante la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA), una querella penal con constitución en actor civil contra la empresa Dekolor, S.R.L., su presidente Rogelio Oruña y su gerente general Sandra Oruña.
La acción penal detalla una compleja trama que incluye intentos de soborno —con sumas ofrecidas de hasta un millón de dólares estadounidenses y RD$3,000,000.00 mensuales—, amenazas personales, presión institucional y entrega de dinero en efectivo a funcionarios clave del INTRANT.
El objetivo de estos actos era obtener la prórroga de un contrato estatal vencido que había sido adjudicado a Dekolor para la instalación y operación del sistema integral de emisión y renovación de licencias de conducir en todo el país.
El contrato original, suscrito en enero de 2020 por un periodo de cinco años, incluía la administración de 21 centros de atención, provisión de personal y equipos, así como la operación tecnológica completa del sistema de licencias. A pesar de haber sido modificado en tres ocasiones mediante adendas no aprobadas por el Consejo del INTRANT, la empresa procuraba extender su vigencia sin pasar por un proceso competitivo, presionando de forma ilegal a la actual dirección institucional.
Imputaciones Legales
Los hechos imputados se califican como soborno (conforme a la Ley núm. 448-06), asociación de malhechores, lavado de activos (según la Ley núm. 155-17), estafa contra el Estado, y chantaje/extorsión electrónica (con base en el Código Penal y la Ley núm. 53-07 sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología).
La querella, respaldada por informes técnicos internos y de la Contraloría General, evidencias documentales y testimonios, subraya la existencia de una estructura criminal articulada con el fin de manipular decisiones administrativas y apropiarse indebidamente de fondos públicos. Además, se hace referencia a otros posibles actores involucrados cuya participación deberá ser investigada por el órgano persecutor.
Precedente Inusual
Este tipo de acción es inusual en el país. Por lo general, los delitos de corrupción administrativa son perseguidos por el Ministerio Público en nombre del Estado. La decisión de un funcionario de alto nivel de ejercer directamente la acción penal constituye un precedente excepcional, difícilmente documentado en bases judiciales, registros oficiales o archivos de medios de comunicación.
Se acuerda mantener informada a la Procuraduría sobre la lista de compañías autorizadas a expedir contratos de fianza judicial y notificar cualquier cambio provisional o permanente en la información suministrada originalmente
Con la coordinación del fiscal, se inició una supervisión más rigurosa, descubriendo dentro de la caja un peluche de color rosado. Al examinarlo, se incautó en su interior una cantidad de fibras de poliéster impregnadas con cocaína.
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A solicitud del Ministerio Público, el juez Rigoberto Sena declaró el caso como complejo y otorgó un plazo de 12 meses para que el Ministerio Público concluya la investigación y presente la acusación formal.
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La denuncia fue presentada ese mismo día por la madre de la joven ante el Centro de Recepción de Denuncias del Distrito Judicial de Santiago, así como ante la División de Investigaciones de Crímenes y Delitos Contra las Personas (Homicidios).
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Durante la jornada, el organismo no solo vendió bananos, sino que también ofreció una variedad de productos en su patana y bodegas móviles, incluyendo arroz, aceite, pollo, papas, cebollas, ajos, entre otros.
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