Cámara de Cuentas inicia programa de capacitación sobre la nueva Ley 47-25

Carlos Pimentel resaltó el vínculo entre la democracia y los procesos de compras y contrataciones del Estado, destacando que “más allá de ser un sistema político, la democracia se manifiesta en la capacidad del Estado para garantizar los derechos fundamentales de las personas

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La Cámara de Cuentas de la República Dominicana (CCRD) inició este jueves un ciclo de conversatorios para fortalecer el conocimiento sobre la nueva Ley 47-25 de Compras y Contrataciones Públicas. La jornada inaugural contó con una conferencia magistral del director de la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP), Carlos Pimentel.

La ponencia, titulada “Democracia, mercados públicos y desarrollo: una mirada desde la nueva Ley de Compras”, dio comienzo a un programa de formación organizado por la Escuela Nacional de Cuentas.

El director de la escuela, Juan Miguel Pérez Vargas, informó que estos encuentros académicos se realizarán dos veces al mes y estarán dirigidos al personal de las áreas misionales de la institución, así como a directores, encargados departamentales y miembros del Pleno.

En sus palabras introductorias, Pérez Vargas subrayó que “la transformación histórica que la sociedad espera de nosotros solo se logrará a través de un ejercicio de honestidad y transparencia, además de un compromiso de mejora continua en la misión y visión del control externo de las finanzas públicas”. También agregó que los expositores serán servidores públicos y académicos, nacionales e internacionales, con amplia experiencia y reconocida trayectoria en materia de gestión pública y fiscalización.

Durante su disertación, Carlos Pimentel resaltó el vínculo entre la democracia y los procesos de compras y contrataciones del Estado, destacando que “más allá de ser un sistema político, la democracia se manifiesta en la capacidad del Estado para garantizar los derechos fundamentales de las personas mediante la gestión eficiente, transparente y equitativa de los recursos públicos”.

En ese sentido, explicó que la contratación pública, al representar un volumen significativo del gasto estatal, es un mecanismo para ampliar oportunidades y reducir las desigualdades. “La transparencia y la integridad en los procesos de compras y contrataciones no son fines en sí mismos, sino medios para salvaguardar los derechos de la ciudadanía, garantizar servicios de calidad, fortalecer la confianza en las instituciones y promover un modelo de desarrollo orientado al bien común”, afirmó.

El titular de la DGCP señaló que la Ley 47-25 busca modernizar el sistema de compras públicas y facilitar la participación de MIPYMES, mujeres y jóvenes, sectores históricamente excluidos de la contratación estatal. “De esta manera, la política de compras se convierte en una estrategia de inclusión económica y de reducción de brechas sociales”, puntualizó.

Asimismo, valoró la promulgación de la Ley 47-25 junto con la Ley 18-24 de la Cámara de Cuentas, ya que considera que ambas normativas representan avances significativos hacia una gestión pública más responsable y comprometida con la dignidad humana y el desarrollo sostenible. “Estas leyes fortalecen los mecanismos de control, fiscalización y rendición de cuentas, lo que garantiza no solo un uso más eficiente de los fondos públicos, sino también una mayor equidad en la distribución de oportunidades”, indicó.

Al finalizar la actividad, el vicepresidente de la Cámara de Cuentas, Francisco Tamárez Florentino, destacó la importancia de las sanciones incorporadas en la nueva legislación de compras e instó a los presentes a redoblar esfuerzos, tanto individuales como colectivos, para reducir la corrupción administrativa a su mínima expresión.

El evento, que se llevó a cabo en el Salón Pedro Miguel Caratini de la Cámara de Cuentas, contó con la participación de la presidenta de la CCRD, Emma Polanco Melo; el vicepresidente, Francisco Tamárez Florentino; los miembros del Pleno, Francisco Franco, Ramón Méndez Acosta y Griselda Gómez Santana, además de directores y encargados de áreas de ambas instituciones. La iniciativa forma parte del relanzamiento de la Escuela Nacional de Cuentas y busca promover la transparencia, la ética y la eficiencia en el manejo de los fondos públicos.

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