
Nelson Núñez expuso sus consideraciones dentro del marco de la reunión anual de evaluación de las actividades de Fedomu del año 2025 y la discusión de los planes de trabajo para el año 2026.
Favoreció implementar políticas públicas a lo interno del Poder Judicial y procurar que el servicio que se oferta sea lo más equitativo posible.
Justicia21 de mayo de 2024
La magistrada Maite Oronoz, presidenta del Tribunal Supremo de Puerto Rico, destacó la importancia de la incorporación de la perspectiva de género para promover la igualdad y prevenir la discriminación basada en género.
La magistrada hizo el señalamiento al abordar el panel “Perspectiva Interseccional en el Servicio Judicial”, junto a las magistradas Martha Díaz Villafaña, presidenta de la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación de San Francisco de Macorís, y Ángela Russo, de la Corte Suprema de Justicia de Panamá, en el marco de la celebración de la Conferencia del Poder Judicial 2024.
Oronoz comentó que es desde esa perspectiva que se debe mirar cómo queremos formar el Poder Judicial del futuro.
Indicó que esa justicia no puede ser formada sin contemplar la inclusividad como parte de ese acceso al servicio. “Pienso que, si queremos realmente hacer una diferencia, tenemos que diseñar un sistema inclusivo que brinde servicio a las poblaciones y a los grupos que históricamente han sido rechazados o excluidos de los servicios que damos en los poderes judiciales”.
Explicó que el concepto perspectiva de género no es nuevo, ya que surgió hace más de 50 años en una conferencia sobre la mujer, de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
Definió la perspectiva de género como una herramienta inclusiva de los intereses de las mujeres en la idea de desarrollo para contrarrestar las políticas descritas como neutrales.
Declaró que la diversidad como norma “nos ayuda a mirar el derecho desde otra óptica y de una manera más empática, adjudicando a cada quién según sus circunstancias”.
Indicó además que el mandato de la igualdad implica de quienes imparten justicia un ejercicio de desconstrucción de la forma en que se ha interpretado y aplicado el derecho.
Favoreció implementar políticas públicas a lo interno del Poder Judicial y procurar que el servicio que se oferta sea lo más equitativo posible.
Por su parte, Martha Díaz Villafaña manifestó que la discriminación por género puede también coexistir con otras formas de discriminación por condición étnica, social, económica, educativa o cualquier otra condición en específica.
Definió la interseccionalidad como una garantía para disminuir las barreras de acceso a la justicia.
Informó que el Poder Judicial cuenta con instrumentos que reconocen la perspectiva interseccional en el servicio de justicia.
“Por eso, desde el 2007, tenemos una Política de Igualdad de Género en el Poder Judicial que luego se operativizó en un reglamento de operación de la indicada política en un reglamento de aplicación de la indicada política”.
Asimismo, explicó que esos instrumentos ayudarán a disminuir las barreras en el acceso a justicia, tomando en cuenta las particularidades de diversos colectivos.
Aclaró que entre los poderes judiciales de República Dominicana y de Puerto Rico se ha diseñado un proyecto sobre interseccionalidad de género, a propósito de esta edición de la Cumbre Judicial Iberoamericana, que reúne a presidentes de los 23 países de la región.
Dijo que el nuevo orden invita a que el sexo de la persona ni su preferencia sexual pueden ser razones de exclusión.
Por último, la magistrada Ángela Russo destacó la importancia de que los poderes judiciales continúen reuniéndose a través de la Cumbre Judicial Iberoamericana para ver cómo solucionar el acceso a justicia y discriminación por género.
Recordó que la Cumbre creó en el año 2008 las Cien Reglas de Brasilia, la cual es una Guía para ayudar a que las personas tengan más fácil acceso a la justicia.
“Existe una aparente neutralidad de la norma. Nuestras constituciones dicen que todos somos iguales ante la Ley, pero en el fondo eso no es verdad cuando nos vamos a la práctica, y como se ha dicho aquí, los poderes judiciales necesitamos la credibilidad de los usuarios del sistema”.

Nelson Núñez expuso sus consideraciones dentro del marco de la reunión anual de evaluación de las actividades de Fedomu del año 2025 y la discusión de los planes de trabajo para el año 2026.

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