Los tres, dos empleados de Medio Ambiente y un agente del Senpa, tripulaban una embarcación donde transportaban el producto ilícito
Justicia02 de julio de 2025
Al establecer el Ministerio Público la vinculación de dos empleados de Medio Ambiente y un agente policial asignado al Servicio Nacional de Protección Ambiental (Senpa) a un cargamento de más de 60 mil unidades de cigarrillos de procedencia ilegal, un tribunal de Montecristi le impuso a cada uno una garantía económica de RD$300 mil a través de una compañía aseguradora, presentación periódica ante la autoridad e impedimento de salida del país.
Las medidas de coerción fueron impuestas a los imputados Luis Alejandro Aguilera y Miguel Ramón Comprés Tatis, empleados del Ministerio de Medio Ambiente, y a Félix Martínez de la Rosa, un agente policial asignado al Senpa.
Los tres procesados tripulaban una embarcación propiedad del Ministerio de Medio Ambiente en la que fue ocupado el cargamento de cigarrillos durante el operativo que llevaron a cabo miembros de la Armada de República Dominicana frente al Cayo Ratas, en la costa de Montecristi.
El Ministerio Público, encabezado por la fiscal titular de esa provincia, Grimaldi Oviedo, indicó que continúa profundizando las investigaciones y reiteró su compromiso con la lucha contra el contrabando y cualquier forma de corrupción o uso indebido de bienes públicos.
El caso está a cargo de Yelissa Cabrera, fiscal enlace de la Unidad de Propiedad Intelectual y Comercio Ilícito del Ministerio Público.
Los imputados son acusados de violar los artículos 5 (numerales 3, 5 y 6), 16, 28, 29, párrafo, 30 (numerales 6, 7) 31 y 33 de la Ley 17-19, sobre Erradicación del Comercio Ilícito, que tipifican la comercialización, distribución, importación falsificación y almacenamiento de productos regulados.
También, se le atribuye la violación de los artículos 327, 338, 339 y 343 de la Ley 168-21, de la Dirección General de Aduanas, que tipifican, el contrabando de mercancía, y violación a los artículos 204, 236, 237 y 239 de la Ley 11-92 (Código Tributario).
"Aquí están sobornados y sobornantes; esperamos la respuesta del sistema de Justicia”, aseguró la procuradora de corte Mirna Ortiz, titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca)
La jueza Dorka Altagracia Vásquez, de Atención Permanente de Sánchez Ramírez, dictó la medida y ordenó que Yeyson Rojas Mosquea, la cumpla en la Fortaleza Palo Hincado de esa provincia.
La medida de coerción fue dictada por el juez Reye Rodríguez Rodríguez, quien dispuso que Francelis Hernández Tavares deberá cumplir la prisión en el Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Mujeres, en San Cristóbal.
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