Las medidas dispuestas por el juez Deiby Timoteo Peguero incluyen una garantía económica de tres millones de pesos dominicanos
Justicia30 de junio de 2025
El Séptimo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional ha acogido la solicitud del Ministerio Público y ha impuesto medidas de coerción contra Ángel Ramón de Jesús Martínez Jiménez por su presunta vinculación a delitos cibernéticos cometidos en perjuicio de Milagros Marina De Camps Germán.
Las medidas dispuestas por el juez Deiby Timoteo Peguero incluyen una garantía económica de tres millones de pesos dominicanos (RD$3,000,000), la prohibición de salir del país y presentación periódica ante las autoridades.
La decisión judicial se fundamenta en las pruebas aportadas por el Ministerio Público, a través del Departamento de Investigaciones de Propiedad Intelectual y Crímenes y Delitos de Alta Tecnología de la Fiscalía del Distrito Nacional.
La instancia presentada ante la Coordinación de los Juzgados de la Instrucción establece que el imputado incurrió, en diversas fechas, en actos de difamación e injuria contra la víctima mediante publicaciones en sus redes sociales, afectando gravemente su vida laboral, personal y profesional.
El Ministerio Público había solicitado medidas más severas, incluyendo una garantía económica de RD$10,000,000, además de la presentación periódica e impedimento de salida, con base en los numerales 1, 2 y 4 del artículo 226 del Código Procesal Penal.
La solicitud fue presentada por el director técnico de la Fiscalía del Distrito Nacional, Kelvyn Colón; la procuradora fiscal Marineldy Peña, coordinadora del Departamento de Alta Tecnología; y el fiscalizador Rafael Reyes.
La institución informó que ha respondido puntualmente a todas las solicitudes de la DGCP y de la Unidad Antifraude de la Contraloría, y que hará lo mismo con cualquier requerimiento de la Procuraduría General de la República
El artículo 52 establece que el límite de la pena aplicable en el concurso de infracciones muy graves, con penas de la misma naturaleza, no podrá ser superior a 60 años de prisión.
El Ministerio Público ha sustentado con más de 500 elementos probatorios la solicitud de prisión preventiva por 18 meses como medida de coerción para diez militares y civiles vinculados a la red de corrupción desmantelada por esta operación.
La obra, iniciada en mayo de 2024, ya supera el 60% de ejecución y se proyecta su finalización para diciembre de este año, cumpliendo con el cronograma establecido.
El Juzgado de la Instrucción de San Juan de la Maguana, había dictado una medida de coerción a Edward Santana Núñez, consistente en una garantía económica de RD$20,000 e impedimento de salida del país
Un equipo de 26 fiscales de los órganos de investigación del Ministerio Público, respaldado por 189 agentes de la Policía Nacional, trabajó para desmantelar esta red y en las próximas horas depositaràn medida de coerción
La entrega fue hecha por la vicepresidenta de la República, Raquel Peña y los ministros de Deportes, Kelvin Cruz y el ministro de Vivienda y Edificaciones, Carlos Bonilla
La moderna edificación puso fin a una espera de más de 50 años de promesas incumplidas para el sector Pueblo Nuevo de San Francisco de Macorís.
La comunicación concluye reafirmando que, hasta tanto no se emita dicho reglamento, la competencia para autorizar el uso de suelo sigue recayendo exclusivamente en los ayuntamientos.
La obra, iniciada en mayo de 2024, ya supera el 60% de ejecución y se proyecta su finalización para diciembre de este año, cumpliendo con el cronograma establecido.
La misión principal del Comité Científico será identificar y diseñar proyectos de investigación e innovación en áreas cruciales para el bienestar y el desarrollo del país, así como proponer soluciones a desafíos actuales y futuros.
Jaime Tolentino, presidente de los federados de las APMAE, destacó positivamente las medidas adoptadas por la cartera educativa.
El Ministerio Público ha sustentado con más de 500 elementos probatorios la solicitud de prisión preventiva por 18 meses como medida de coerción para diez militares y civiles vinculados a la red de corrupción desmantelada por esta operación.
La institución informó que ha respondido puntualmente a todas las solicitudes de la DGCP y de la Unidad Antifraude de la Contraloría, y que hará lo mismo con cualquier requerimiento de la Procuraduría General de la República
Esta iniciativa forma parte del relanzamiento de la Escuela Nacional de Cuentas (ENC), que busca transformarse en un Instituto de Educación Superior.