El caso SENASA y la necesidad de blindar la ética en la contratación pública

El reciente Caso SENASA (Seguro Nacional de Salud) ha puesto de manifiesto, una vez más, la vulnerabilidad de los procesos de contratación pública en la República Dominicana frente a las prácticas clientelares y la falta de transparencia.

Aunque la investigación y el proceso judicial están en curso, las revelaciones preliminares sobre presuntas irregularidades en la adjudicación de contratos millonarios a empresas vinculadas a funcionarios o allegados socavan la confianza en una institución vital para la salud de millones de dominicanos.

El SENASA, como administradora de los fondos del régimen subsidiado y contributivo, maneja recursos cuantiosos destinados directamente al bienestar social. Por ello, cualquier sombra de favoritismo o tráfico de influencias en sus procesos de compra—ya sean de servicios, tecnología o insumos—es inaceptable. El sistema de salud no puede ser un vehículo para el enriquecimiento ilícito de unos pocos.

La Ética Como Póliza

Este caso trasciende la posible responsabilidad individual. Es un recordatorio urgente de que la mera existencia de leyes y protocolos, como la Ley de Compras y Contrataciones, no es suficiente. Se necesita un blindaje ético que impregne cada nivel de la administración pública.

Cuando una institución clave como SENASA enfrenta cuestionamientos por contratos que supuestamente benefician a allegados, se erosiona la percepción de que el Estado opera con criterios de mérito, competencia y costo-beneficio. La contratación pública debe basarse en la eficiencia y la calidad, asegurando que los fondos se utilicen para obtener las mejores prestaciones de salud, no para engrosar bolsillos privados.

Un Llamamiento a la Transparencia

Es fundamental que las autoridades competentes, en particular el Ministerio Público y la Dirección General de Contrataciones Públicas, procedan con la máxima diligencia, objetividad y transparencia en el manejo de este caso. Solo una investigación a fondo, que identifique y sancione a todos los responsables, podrá enviar un mensaje claro sobre la cero tolerancia a la corrupción.

El Gobierno dominicano tiene la oportunidad de utilizar este caso como un catalizador para revisar y fortalecer los mecanismos de control interno en todas las instituciones que manejan grandes volúmenes de fondos públicos, especialmente aquellas con un impacto social tan directo. La confianza en las instituciones se recupera con hechos, no solo con palabras.

El pueblo dominicano, y en particular los afiliados al SENASA, merecen la certeza de que sus fondos de salud son gestionados con integridad absoluta. El caso SENASA no debe quedar en una simple noticia; debe transformarse en un punto de inflexión para consolidar la ética y la transparencia en el corazón de la administración pública.