Ofrecían acceso no autorizado a películas, series y programas de televisión protegidos por derechos de autor, lo que constituye una violación a las leyes sobre Derecho de Autor
29 de septiembre de 2025
La Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional impuso medidas de coerción—consistentes en garantía económica, presentación periódica e impedimento de salida del país—a seis integrantes de una red de piratería digital desmantelada durante la Operación Domo.
Adicionalmente, la Oficina Judicial declaró el caso de tramitación compleja.
Aunque el Ministerio Público había solicitado 18 meses de prisión preventiva, la jueza Fátima Veloz dispuso las siguientes garantías económicas, RD$7,000,000 para Leonardo Alberto Casci Ocumárez y Raúl Ernesto Guzmán Lora,
RD$5,000,000 para Keomirys Torres López, RD$3,000,000 para Víctor Luis Torres López y Leony Esmeralda Croes, RD$1,500,000 para Raúl Ernesto Guzmán Croes.
A estas medidas se suman el impedimento de salida del país y la presentación periódica.
Durante la audiencia, el Ministerio Público argumentó que la estructura delictiva se dedicaba a la distribución y al streaming ilegal de contenidos audiovisuales. Ofrecían acceso no autorizado a películas, series y programas de televisión protegidos por derechos de autor, lo que constituye una violación a las leyes sobre Derecho de Autor (65-00), Crímenes y Delitos de Alta Tecnología (53-07) y Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (155-17). Estas acciones han causado perjuicios a compañías internacionales y al Estado dominicano.
El órgano acusador estuvo representado por un equipo de procuradores y fiscales de diversas unidades especializadas, entre ellas la Unidad de Propiedad Intelectual (UPI), la Procuraduría Especializada de Crímenes y Delitos de Alta Tecnología (Pedatec) y la Fiscalía del Distrito Nacional.
La Operación Domo se ejecutó el pasado 16 de septiembre, con la coordinación de la Dirección General de Persecución del Ministerio Público y la colaboración de distintas entidades locales, incluyendo la Policía Nacional, así como el apoyo internacional del Departamento de Justicia y la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) de los Estados Unidos.
Ed Martin, el abogado de indultos del gobierno, publicó en las redes sociales una proclamación firmada del indulto "total, completo e incondicional", que también nombra a los abogados conservadores Sidney Powell y John Eastman.
El juez dictó la medida de coerción y declaró el caso complejo contra los tres hombres, dos de los cuales eran empleados de la empresa donde se ubicaba el cajero automático.
Johnny Pujols señaló que la militancia no se siente cómoda con la situación actual, mencionando problemas específicos como, el deterioro en el sector eléctrico, los bajos niveles de la economía
Ramón Pepín, titular de la Secretaría de Obras Públicas del PLD, fue el encargado de elevar la crítica, señalando que la improvisación gubernamental está provocando retrasos y frustración en la ciudadanía.
También aprovechó la ocasión para subrayar la importancia de respaldar la gestión del presidente Luis Abinader, destacando la cantidad de obras, intervenciones y servicios que han beneficiado a la provincia en los últimos años.
Al recibir la distinción, el presidente Abinader expresó sentirse honrado y afirmó que su gobierno mantendrá y fortalecerá la colaboración con Estados Unidos en su lucha contra el tráfico de narcóticos internacional
El fiscal litigante Arolin Lemus informó que durante la jornada presentaron sus medios de defensa el excontralor de la República, Daniel Omar de Jesús Caamaño, así como las defensas de Manuel Morillo Gil, Manuel Morillo Soto y Rosa Arias Gil.
Juan Alberto Perdomo y Manuel Francisco Pichardo, condenados por el doble asesinato en Villa Isabela en abril de 2023, intentaron simular la desaparición de las víctimas.
Wilson Rafael Lantigua fue condenado por el asesinato con arma blanca de su expareja, Mayelisa Adames Castillo, ocurrido tras una separación de solo 15 días.