Imponen medidas de coerción y declaran complejo caso de red de piratería desmantelada en Operación Domo

Ofrecían acceso no autorizado a películas, series y programas de televisión protegidos por derechos de autor, lo que constituye una violación a las leyes sobre Derecho de Autor

Hace 1 hora
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La Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional impuso medidas de coerción—consistentes en garantía económica, presentación periódica e impedimento de salida del país—a seis integrantes de una red de piratería digital desmantelada durante la Operación Domo.

Adicionalmente, la Oficina Judicial declaró el caso de tramitación compleja.

Aunque el Ministerio Público había solicitado 18 meses de prisión preventiva, la jueza Fátima Veloz dispuso las siguientes garantías económicas, RD$7,000,000 para Leonardo Alberto Casci Ocumárez y Raúl Ernesto Guzmán Lora, 
RD$5,000,000 para Keomirys Torres López, RD$3,000,000 para Víctor Luis Torres López y Leony Esmeralda Croes, RD$1,500,000 para Raúl Ernesto Guzmán Croes.
A estas medidas se suman el impedimento de salida del país y la presentación periódica.

Durante la audiencia, el Ministerio Público argumentó que la estructura delictiva se dedicaba a la distribución y al streaming ilegal de contenidos audiovisuales. Ofrecían acceso no autorizado a películas, series y programas de televisión protegidos por derechos de autor, lo que constituye una violación a las leyes sobre Derecho de Autor (65-00), Crímenes y Delitos de Alta Tecnología (53-07) y Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (155-17). Estas acciones han causado perjuicios a compañías internacionales y al Estado dominicano.

El órgano acusador estuvo representado por un equipo de procuradores y fiscales de diversas unidades especializadas, entre ellas la Unidad de Propiedad Intelectual (UPI), la Procuraduría Especializada de Crímenes y Delitos de Alta Tecnología (Pedatec) y la Fiscalía del Distrito Nacional.

La Operación Domo se ejecutó el pasado 16 de septiembre, con la coordinación de la Dirección General de Persecución del Ministerio Público y la colaboración de distintas entidades locales, incluyendo la Policía Nacional, así como el apoyo internacional del Departamento de Justicia y la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) de los Estados Unidos.

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