Ministerio Público pedirá confirmar prisión preventiva para cabecilla del caso Guepardo

La jueza Vicky Chalas, del Segundo Juzgado de la Instrucción de La Romana, aplazó la audiencia para la revisión obligatoria de la medida de coerción para el próximo 2 de septiembre, con el objetivo de citar a los querellantes.

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SANTO DOMINGO, RD

 La Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo y la Fiscalía de La Romana solicitarán que se mantenga la prisión preventiva de 18 meses impuesta a Yves Alexandre Giroux, señalado como uno de los principales cabecillas de la red de estafa electrónica inmobiliaria del Caso Guepardo.

La jueza Vicky Chalas, del Segundo Juzgado de la Instrucción de La Romana, aplazó la audiencia para la revisión obligatoria de la medida de coerción para el próximo 2 de septiembre, con el objetivo de citar a los querellantes. Durante esta audiencia también se conocerá una solicitud de traslado de recinto penitenciario hecha por el imputado.

El Ministerio Público argumenta que la medida privativa de libertad debe mantenerse debido a la gravedad de los hechos y al peligro de fuga. Esta posición es respaldada por la Corte de Apelación de San Pedro de Macorís, que el pasado 11 de julio ratificó la prisión preventiva de 18 meses para otras imputadas del caso, Rocío del Alba Rodríguez de Moya y Marisol Nova Nolasco.

En cuanto a Loany Ortiz, la otra cabecilla de la estructura, se informó que sigue detenida en Bogotá, Colombia, a la espera de un proceso de extradición solicitado por el Ministerio Público dominicano.

Giroux cumple su prisión preventiva en el Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) de San Pedro de Macorís. Un intento de traslado a la cárcel pública de El Seibo le fue negado por el tribunal.

La investigación ha revelado que la red criminal promocionaba proyectos inmobiliarios a compradores de la República Dominicana, Puerto Rico, Estados Unidos y Europa, usando la imagen de la empresa internacional RE/MAX. Se estima que la organización delictiva recibió US$18,851,583. Se han incautado bienes inmuebles, vehículos de alta gama, aparatos electrónicos y documentación relevante.

La investigación está a cargo de los fiscales Claudio Cordero, Manuel Castro y Mayerlin Rondón, en colaboración con la procuradora de corte Ramona Nova y la fiscal Reina Rodríguez. Los imputados son investigados por la violación del Código Penal Dominicano, la Ley 53-07 sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología y la Ley 155-17, sobre Lavado de Activos.

 


 
 
 


 


 


 

 

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