Ministerio Público arresta a cuatro médicas y una alcaldesa pedánea por registro ilegal de defunciones

El Ministerio Público arrestó a cinco mujeres, incluyendo a cuatro profesionales de la medicina y a una alcaldesa pedánea del municipio de Esperanza, en el marco de una investigación por el registro ilegal de defunciones. Se les vincula al proceso contra Máximo Mendoza, principal imputado del caso.

Las arrestadas fueron identificadas como las médicas Renata Suero Torres, Alba María Amparo Fede, Rocenny Cruz Álvarez y Eva Altagracia Cruz Rodríguez, junto con la alcaldesa Yluminada Altagracia Uceta.

Fueron detenidas con una orden judicial en la Fiscalía de Valverde, tras obtenerse evidencias que las relacionan con los delitos de falsificación y suministro de datos falsos en el registro de defunciones.

El Ministerio Público informó que las imputadas serán presentadas ante la justicia en las próximas horas y solicitará que se declare el caso como complejo ante la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Valverde.

Detalles de la investigación
Máximo Mendoza, el principal implicado, cumple tres meses de prisión preventiva en el Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) de Mao, provincia Valverde. El Ministerio Público ha demostrado que registró varias defunciones de manera fraudulenta ante unidades médicas y oficialías del Estado Civil de la Junta Central Electoral (JCE). Su proceso también fue declarado complejo.

Mendoza se dedicaba a la falsificación y uso fraudulento de documentos públicos para cometer sus delitos entre diciembre de 2024 y junio de 2025, afectando los sistemas de salud y registral.

Se ha establecido que el imputado buscaba perjudicar a las personas que declaraba muertas por supuestas deudas económicas. Hasta el momento, se han identificado seis víctimas, de las cuales se completó el registro de defunción en Salud Pública y la JCE para cinco de ellas, mientras que para la sexta, solo se registró en el Ministerio de Salud.

Se ha descubierto que los certificados de defunción fueron llenados por distintos médicos pasantes y sin la autorización (exequátur) para ejercer, incluyendo a las cuatro médicas arrestadas. Mendoza utilizaba la estrategia de solicitar estos servicios en distintos turnos y en diferentes Unidades de Atención Primaria (UNAP) de Valverde.

Los fiscales a cargo del caso son Esther María González Peguero, representante ante la JCE, y Víctor Manuel Mejía, titular de Valverde. El Ministerio Público ha establecido que una de las prácticas comunes en este delito era aprovecharse de personas en situación de vulnerabilidad económica. El imputado les ofrecía préstamos que oscilaban entre cinco mil y quince mil pesos, reteniendo como garantía las tarjetas de asistencia social con las que recibían un capital mensual de RD$2,100 para cubrir necesidades básicas. Cuando no lograba cobrar, se hacía pasar por un familiar directo (como primo, tío o esposo) para asentar fraudulentamente la muerte de la persona en distintas UNAP de los municipios de Mao y Esperanza.

El Ministerio Público cuenta con la colaboración de la Dirección Central de Investigaciones (Dicrim) de la Policía Nacional y la Dirección de Seguridad de la JCE. El grupo es acusado de violar los artículos 146, 147 y 148 del Código Penal Dominicano y los artículos 109, 208 y 210 de la Ley Orgánica de los Actos del Estado Civil No. 4-23.