
Abogados afirman que versiones difundidas en redes carecen de sustento y responden a patrones propios de campañas digitales destinadas a distorsionar la opinión pública.
El tribunal ratificó la decisión del juzgado Atención Permanente del Distrito Judicial de La Romana contra Rocío del Alba Rodríguez de Moya y Marisol Nova Nolasco, recluidas en el CCR Najayo Mujeres, en la provincia San Cristóbal.
Justicia11 de julio de 2025
La Corte de Apelación del Departamento Judicial de San Pedro de Macorís ha ratificado la prisión preventiva de 18 meses para Rocío del Alba Rodríguez de Moya y Marisol Nova Nolasco. Ambas son señaladas como las principales cabecillas de una sofisticada red de estafa electrónica con proyectos inmobiliarios.
La decisión, emitida por la corte presidida por el magistrado Glass Gutiérrez, desestimó un recurso de apelación presentado por las imputadas, confirmando así la medida coercitiva impuesta el pasado 25 de febrero por la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Judicial de La Romana. Rodríguez de Moya y Nova Nolasco permanecen recluidas en el CCR Najayo Mujeres, en la provincia San Cristóbal.
De igual manera, Yves Alexandre Giroux, otro de los cabecillas principales de la red, cumple prisión preventiva en el Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) de San Pedro de Macorís. El Ministerio Público solicitará la confirmación de su medida privativa de libertad en la próxima audiencia de revisión obligatoria, programada para el 5 de agosto.
La estructura criminal era liderada también por Loany Ortiz, quien actualmente se encuentra detenida en Bogotá, Colombia. El Ministerio Público dominicano ha solicitado su extradición y espera su pronto envío al país para que responda por los hechos imputados.
Modus Operandi y Alcance de la Estafa
La red criminal se dedicaba a promocionar proyectos inmobiliarios, atrayendo compradores de la República Dominicana, Puerto Rico, Estados Unidos y Europa. Utilizaban la marca de la reconocida empresa internacional RE/MAX para generar confianza y captar a sus víctimas.
La investigación ha logrado establecer que los miembros de esta organización delictiva recibieron la impresionante suma de US$18,851,583.12. Como parte de las acciones legales, se han incautado bienes inmuebles en Santo Domingo Este, el Distrito Nacional, La Romana y La Altagracia. Además, se han secuestrado vehículos de alta gama, aparatos electrónicos y documentación relevante que servirán como pruebas en el proceso.
Imputaciones y Sólida Investigación
El Ministerio Público ha indicado que el accionar de estos individuos constituye una violación de múltiples artículos del Código Penal Dominicano (405, 265 y 266), el artículo 15 de la Ley 53-07 sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología, y la Ley 155-17 sobre Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo.
El equipo de litigación del Ministerio Público estuvo conformado por los procuradores de Corte Benito Nieves, Abraham Ortiz y Manuel Castro, junto al procurador fiscal Claudio Cordero. Las magistradas Ramona Nova y Reina Rodríguez destacaron que esta decisión judicial "confirma la solidez de la imputación y de la investigación que realiza el Ministerio Público", reafirmando el compromiso con la persecución de este tipo de crímenes complejos.

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