El Ministerio Público ha sustentado con más de 500 elementos probatorios la solicitud de prisión preventiva por 18 meses como medida de coerción para diez militares y civiles vinculados a la red de corrupción desmantelada por esta operación.
JusticiaAyer
Mirna Ortiz, titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA), subrayó este jueves la fortaleza de la investigación que derivó en la puesta en marcha de la Operación Lobo.
El Ministerio Público ha sustentado con más de 500 elementos probatorios la solicitud de prisión preventiva por 18 meses como medida de coerción para diez militares y civiles vinculados a la red de corrupción desmantelada por esta operación. Ortiz, quien forma parte del equipo de fiscales junto al procurador adjunto Wilson Camacho, indicó que las pruebas incluyen documentos, testimonios, peritajes y elementos materiales.
"Todos [los abogados de los imputados] han requerido el otorgamiento de plazos para estudiar el escrito de medida de coerción que ha presentado el Ministerio Público, que consta de aproximadamente 450 páginas y más de 500 elementos de pruebas", explicó Ortiz a los periodistas al salir del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva.
Atendiendo a esta solicitud, la jueza Fátima Veloz, de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional, aplazó el conocimiento de la medida de coerción para el próximo lunes 14 de julio, a las 2:00 de la tarde.
Operación Lobo: Desmantelando una Red de Sobornos en Contrataciones Públicas
La Operación Lobo, puesta en marcha esta semana por el Ministerio Público como parte de sus acciones contra la corrupción y la impunidad, busca llevar ante los tribunales a los integrantes de una estructura de militares y civiles. Esta red se valía de la distribución de sobornos para asegurar contratos y el mantenimiento de servicios de seguridad privada con diversas instituciones públicas.
El Ministerio Público ha solicitado prisión preventiva contra el mayor general retirado del Ejército Carlos Ambrosio Robles Díaz, y los coroneles Andrés Pacheco Varela, Luis Ernesto Vicioso Bocio, Francisco Guarín Fernández y Elías Camaño Pérez del Ejército. La solicitud también incluye al coronel de la Fuerza Aérea Yorbyn Eduardo Eufracio Aybar, al primer teniente del Ejército Wellington Peralta Santos, al empresario Quilvio Bienvenido Rodríguez González, al coronel de la Policía Nacional Ramón Quezada Ortiz y al civil Bolívar Nicolás Fernández Espinal. Además, se ha pedido que el caso sea declarado complejo.
Los imputados afectaron gravemente a instituciones públicas cruciales, entre ellas el Instituto Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia (Inaipi), el Seguro Nacional de Salud (Senasa), y las empresas distribuidoras de electricidad EdeNorte, EdeEste y EdeSur.
Cargos y Violaciones Legales
El grupo enfrenta cargos por soborno, asociación de malhechores, estafa contra el Estado y lavado de activos. Estas imputaciones se basan en los artículos 177, 178, 179 párrafo y 180 del Código Penal Dominicano; los artículos 265 y 266 sobre asociación de malhechores; y el artículo 405 que sanciona la estafa en perjuicio del Estado.
Asimismo, se les imputa la violación al artículo 146, numeral 1, de la Constitución de la República Dominicana, que establece la proscripción de la corrupción administrativa.
En cuanto al lavado de activos, los hechos se corresponden con los artículos 3 (numerales 1, 2 y 3), artículo 4 (numeral 8), y artículo 9 (numerales 1, 2 y 4) de la Ley número 155-17 contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo.
La institución informó que ha respondido puntualmente a todas las solicitudes de la DGCP y de la Unidad Antifraude de la Contraloría, y que hará lo mismo con cualquier requerimiento de la Procuraduría General de la República
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