El propietario del Jet Set y su hermana son investigados por homicidio involuntario debido a la negligencia en el cuidado del techo del establecimiento, que provocó 236 muertes y más de 180 heridos.
Justicia12 de junio de 2025
El Ministerio Público arrestó este jueves al propietario de la discoteca Jet Set, Antonio Espaillat López, y a su hermana Maribel Espaillat, a quienes investiga por el delito de homicidio involuntario.
Ambos imputados mostraron “una inmensa irresponsabilidad y negligencia” al no realizar una intervención física que impidiera el colapso del techo del centro de diversión, como finalmente sucedió, provocando 236 muertes y más de 180 heridos.
Los hermanos Espaillat fueron arrestados tras ser interrogados por el titular de la Dirección General de Persecución del Ministerio Público, el procurador adjunto Wilson Camacho, quien los citó a su despacho. Los investigados serán presentados ante el juez de atención permanente del Distrito Nacional para que se les conozcan medidas de coerción.
Fundamentos de la orden de arresto
La orden de arresto, gestionada por Camacho ante Fátima Scarlette Veloz Suárez, jueza titular del Décimo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, explica que ambos investigados cometieron homicidio involuntario, conforme al Artículo 319 del Código Penal Dominicano.
El documento explica que los dos “mostraron una inmensa irresponsabilidad y negligencia, al no hacer lo necesario para que el techo del Jet Set Club fuera intervenido de manera adecuada y especializada para poder evitar una tragedia que cobrara vida del público y de sus empleados que confiaban en la supuesta seguridad del lugar, como finalmente ocurrió”.
El documento alude también a movimientos realizados por los imputados para intentar intimidar o manipular a empleados de la empresa Inversiones E y L, S.R.L., que manejaba la discoteca Jet Set Club, y que pueden fungir como testigos en este proceso.
La institución informó que ha respondido puntualmente a todas las solicitudes de la DGCP y de la Unidad Antifraude de la Contraloría, y que hará lo mismo con cualquier requerimiento de la Procuraduría General de la República
El artículo 52 establece que el límite de la pena aplicable en el concurso de infracciones muy graves, con penas de la misma naturaleza, no podrá ser superior a 60 años de prisión.
El Ministerio Público ha sustentado con más de 500 elementos probatorios la solicitud de prisión preventiva por 18 meses como medida de coerción para diez militares y civiles vinculados a la red de corrupción desmantelada por esta operación.
La obra, iniciada en mayo de 2024, ya supera el 60% de ejecución y se proyecta su finalización para diciembre de este año, cumpliendo con el cronograma establecido.
El Juzgado de la Instrucción de San Juan de la Maguana, había dictado una medida de coerción a Edward Santana Núñez, consistente en una garantía económica de RD$20,000 e impedimento de salida del país
Un equipo de 26 fiscales de los órganos de investigación del Ministerio Público, respaldado por 189 agentes de la Policía Nacional, trabajó para desmantelar esta red y en las próximas horas depositaràn medida de coerción
La entrega fue hecha por la vicepresidenta de la República, Raquel Peña y los ministros de Deportes, Kelvin Cruz y el ministro de Vivienda y Edificaciones, Carlos Bonilla
La moderna edificación puso fin a una espera de más de 50 años de promesas incumplidas para el sector Pueblo Nuevo de San Francisco de Macorís.
La comunicación concluye reafirmando que, hasta tanto no se emita dicho reglamento, la competencia para autorizar el uso de suelo sigue recayendo exclusivamente en los ayuntamientos.
Con esta nueva muñeca, la empresa busca responder a las críticas sobre los estándares de belleza de sus productos, promoviendo una mayor representatividad e inclusión.
La obra, iniciada en mayo de 2024, ya supera el 60% de ejecución y se proyecta su finalización para diciembre de este año, cumpliendo con el cronograma establecido.
La misión principal del Comité Científico será identificar y diseñar proyectos de investigación e innovación en áreas cruciales para el bienestar y el desarrollo del país, así como proponer soluciones a desafíos actuales y futuros.
Jaime Tolentino, presidente de los federados de las APMAE, destacó positivamente las medidas adoptadas por la cartera educativa.
El Ministerio Público ha sustentado con más de 500 elementos probatorios la solicitud de prisión preventiva por 18 meses como medida de coerción para diez militares y civiles vinculados a la red de corrupción desmantelada por esta operación.
La institución informó que ha respondido puntualmente a todas las solicitudes de la DGCP y de la Unidad Antifraude de la Contraloría, y que hará lo mismo con cualquier requerimiento de la Procuraduría General de la República