Según la fundación, se están fijando montos exorbitantes, muy por encima de los impuestos establecidos en la Ley 112-00, lo cual duplica el precio que deberían pagar los consumidores
JusticiaAyer
La Fundación Primero Justicia acusó al ministro de Industria y Comercio, Ito Bisonó, de graves irregularidades en el manejo de los precios de los combustibles. Según la fundación, se están fijando montos exorbitantes, muy por encima de los impuestos establecidos en la Ley 112-00, lo cual duplica el precio que deberían pagar los consumidores de combustibles en la República Dominicana.
Esto ha llevado el precio de la gasolina a RD$290 por galón, a pesar de que el barril de petróleo ronda los US$60. Esta situación, en la práctica, ha creado un sistema doloso de cobros de supuestos impuestos al margen de la ley, lo cual es castigado con hasta cinco años de cárcel, en virtud de las disposiciones del artículo 174 del Código Penal, que tipifica el delito de concusión.
Acusación de Concusión y Fraude
Según Primero Justicia, se trata de la creación de un entramado tendente a esquilmar los bolsillos del ciudadano, cobrando impuestos que no están consagrados en la ley, con el fin de obtener cuantiosos recursos y utilizarlos de manera discrecional con fines desconocidos. Esta acción está tipificada como concusión, castigada con penas de 2 a 5 años de cárcel, al tenor del artículo 174 del Código Penal.
Por lo tanto, la fundación espera que las autoridades sometan a los responsables de dicho entramado doloso por el daño causado, no solamente a los consumidores de combustibles, sino a la economía nacional.
Además, se denuncia que se ha instaurado un sistema fraudulento de cálculo del precio de los combustibles en beneficio de una "mafia" conformada por importadores y distribuidores. En este esquema, no se toma en cuenta el precio de adquisición de los combustibles en el mercado internacional, sino una "fórmula clandestina sujeta a manejos turbios e irregularidades", según declaró Surún Hernández, representante de Primero Justicia.
Sostiene la medida representaría un grave retroceso para el sistema de justicia dominicano, ya que colocar al INACIF bajo la tutela del Ministerio de Justicia comprometería la independencia tanto del Poder Judicial
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El fiscal José del Carmen García demostró, de manera irrefutable, la culpabilidad de Jorge Luis Bello Flores (Tiguere) en los hechos cometidos contra la víctima, de quien se omite el nombre para evitar su revictimización.
Sostuvo que si la ley se hubiese reformado periódicamente, por ejemplo cada 10 años, el sistema estaría más afinado y ajustado a las necesidades sociales actuales.
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Esta iniciativa permitirá que los 6,804 candidatos puedan optar por las 5,153 plazas disponibles en diferentes regionales y distritos educativos del país.
Resaltó que "constituye un acto de justicia reconocer su destacada trayectoria y los aportes en favor del desarrollo del Estado, así como la consolidación de la democracia en la República Dominicana".
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