
El juez Raymundo Mejía fijó una garantía económica de RD$500,000 mediante contrato con una compañía aseguradora, a pesar de que el Ministerio Público había solicitado una fianza de RD$2.0 millones en efectivo.
Sostiene la medida representaría un grave retroceso para el sistema de justicia dominicano, ya que colocar al INACIF bajo la tutela del Ministerio de Justicia comprometería la independencia tanto del Poder Judicial
Justicia05 de junio de 2025
Santo Domingo, RD
El coordinador general de la Asociación de Fiscales Dominicanos (FISCALDOM), magistrado Andrés Comas Abreu, manifestó su rechazo a que el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF) sea convertido en una dependencia del Ministerio de Justicia, como propone el proyecto de ley recientemente aprobado en primera lectura por el Senado de la República.
Según Comas Abreu, esta medida representaría un grave retroceso para el sistema de justicia dominicano, ya que colocar al INACIF bajo la tutela del Ministerio de Justicia comprometería la independencia tanto del Poder Judicial como del Ministerio Público. "Jueces y fiscales se verían obligados a actuar conforme a los resultados de pericias dirigidas y controladas por el Poder Ejecutivo a través del Ministerio de Justicia", advirtió.
Llamado al debate y preocupación por la independencia judicial
El representante de FISCALDOM sostuvo que se trata de un tema que debe ser ampliamente debatido por la sociedad, la comunidad jurídica y las instituciones del sistema de justicia. En ese sentido, exhortó al Poder Legislativo a promover un diálogo inclusivo que evite que la creación de esta nueva dependencia del Poder Ejecutivo afecte el funcionamiento de la justicia, especialmente considerando que las pericias constituyen pruebas esenciales en los procesos judiciales.
Comas Abreu recordó que el artículo 207 del Código Procesal Penal establece claramente que la designación de peritos en un proceso penal corresponde al Ministerio Público y al Poder Judicial, y destacó que el proyecto en cuestión no contempla modificación alguna a esta disposición.
Asimismo, cuestionó la necesidad de crear un Ministerio de Justicia, señalando que el Estado dominicano aún no ha logrado cumplir con la asignación presupuestaria establecida por ley para el Poder Judicial y el Ministerio Público. “Crear una nueva dependencia, con más burocracia, más funcionarios y más contrataciones de servidores públicos, en lugar de fortalecer con recursos las instituciones existentes, nos parece innecesario”, afirmó el coordinador general de FISCALDOM.
El juez Raymundo Mejía fijó una garantía económica de RD$500,000 mediante contrato con una compañía aseguradora, a pesar de que el Ministerio Público había solicitado una fianza de RD$2.0 millones en efectivo.
El Ministerio Público y la DNCD están profundizando las investigaciones relacionadas con el caso, mientras continúan intensificando las labores de inteligencia y coordinación.
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La obra abarca 139 metros acondicionados, que incluyen la construcción de aceras y contenes. Con ello, se facilita la adecuada gestión del agua residual, se mejora la seguridad peatonal y se contribuye a la calidad urbana del sector.
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Eduardo Hidalgo, presidente de la ADP, reiteró el rechazo de la organización a la propuesta de fusión, argumentando que su único propósito es reducir la inversión pública en educación.
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Aunque esta fruta es una de las más comunes, los expertos advierten que el proceso para limpiarla se suele omitir y podría poner en riesgo nuestro bienestar.
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