El tribunal también condenó a Luis Alberto Pérez Mauricio (Ángel) al pago de una indemnización de 2 millones de pesos en favor de la víctima, a cuya casa penetró mientras la mujer se encontraba dormida junto a su familia.
JusticiaEl martes
Un tribunal, a solicitud del Ministerio Público, condenó a 30 años de reclusión mayor a un hombre que irrumpió en la residencia de una abogada y le incendió el vehículo. El hecho ocurrió en esta localidad, la madrugada del 9 de mayo de 2023.
El tribunal también condenó a Luis Alberto Pérez Mauricio (Ángel) al pago de una indemnización de 2 millones de pesos en favor de la víctima, a cuya casa penetró mientras la mujer se encontraba dormida junto a su familia.
La Fiscalía de Santiago individualizó y arrestó al procesado tras identificarlo en los videos de las cámaras de vigilancia. Las grabaciones mostraron a Pérez Mauricio dirigiéndose a la residencia de la víctima, Katherine Vargas Abreu, llevando en sus manos un recipiente plástico, tipo galón, conteniendo gasolina.
El fiscal litigante Pedro Martínez detalló, ante el pleno de jueces Osvaldo Castillo, Esther Reyes y Luis Ernesto Torres, el desarrollo del evento en el que Pérez Mauricio, en pleno uso de sus facultades mentales, roció con gasolina el vehículo Honda, modelo Accord, color rojo, propiedad de la víctima.
La condena de 30 años de prisión se impone en razón de la gravedad del ilícito cometido por el acusado. El Código Penal Dominicano tipifica el hecho como incendio voluntario, según lo contempla el artículo 34 de la norma.
Además de los videos, por medio de los cuales se identificó al condenado, la Fiscalía hizo uso de informes emitidos por la sección de Siniestros y Explosivos de la Dirección Central de Investigaciones Criminales (Dicrim) de la Policía y del Cuerpo de Bomberos de la ciudad. Estos informes determinaron, tras la investigación de sus equipos técnicos, que el fuego había sido producto de una intervención intencional, a causa del vertido de una sustancia inflamable.
Sostiene la medida representaría un grave retroceso para el sistema de justicia dominicano, ya que colocar al INACIF bajo la tutela del Ministerio de Justicia comprometería la independencia tanto del Poder Judicial
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