El juez Raymundo Mejía fijó una garantía económica de RD$500,000 mediante contrato con una compañía aseguradora, a pesar de que el Ministerio Público había solicitado una fianza de RD$2.0 millones en efectivo.
Apelarán decisión que impone garantía económica a un capitán de la Armada imputado de violencia de género
Edward Santana Núñez, fue arrestado el 22 de mayo por una denuncia anterior por amenazas de muerte y persecución por parte del encartado a la víctima y al hijo de ambos menor de edad.
Justicia28 de mayo de 2025
Mallete Poder Judicial
SAN JUAN DE LA MAGUANA, RD
El Ministerio Público apelará la decisión del juez del Juzgado de la Instrucción que impuso una garantía económica e impedimento de salida a un capitán de navío de la Armada que el pasado día 19, portando un arma de fuego, interceptó el vehículo de su expareja con intención de agredirla.
Según detalla el expediente, Edward Santana Núñez, un miembro de la Armada, fue arrestado el 22 de mayo en esta ciudad, mediante la orden No. 0603/2025, de fecha 03 de abril de 2025, emitida por una denuncia anterior por amenazas de muerte y persecución por parte del encartado a la víctima y al hijo de ambos menor de edad.
En su calidad de capitán de la Armada, Santana Núñez, incluso, estuvo asignado a un área de seguridad del Ministerio Público, unas funciones de las que fue removido el 25 de abril de este año.
Durante el proceso los representantes del Ministerio Público Sara Cuevas, fiscal adscrita a la Unidad de Atención Integral a Víctimas de Violencia de Género, Intrafamiliar y Delitos Sexuales, y María Bocio, fiscal litigante, sustentaron la solicitud de medida de coerción con pruebas documentales, periciales y testimoniales, que comprometen la responsabilidad penal del acusado Edward Santana Núñez.
Los delitos en que incurrió Santana Núñez son sancionados por el artículo 309-2 del Código Penal Dominicano, modificado por la Ley 24-97, sobre Violencia de Género e Intrafamiliar.
La jueza Viamerca Ruiz Sepúlveda impuso al imputado, como medida de coerción, una garantía económica e impedimento para salir del país, decisión que el Ministerio Público apelará al considerar que la víctima y su hijo menor de 13 años de edad se encuentran en situación de riesgo, debido a los constantes ataques y agresiones por parte del imputado.
En atención a esta realidad, se emitió una orden de protección a favor de las víctimas a quienes también se le ofreció la disponibilidad de una casa de acogida.
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