La magistrada Ramona Nova, titular de la Procuraduría Antilavado, valoró la decisión del tribunal, al tiempo que destacó que los procesados recibieron una condena ejemplar y la afectación de los activos que, como organización, habían obtenido por sus actividades ilícitas.
JusticiaEl miércoles
La acusación por lavado de activos provenientes del narcotráfico presentada por el Ministerio Público en el Caso FM fue acogida por un tribunal que condenó a los principales integrantes de la organización criminal de ese proceso a penas de 20, 15 y 12 años de prisión.
Juan Gabriel Pérez y Juan Isidro Pérez fueron condenados a 20 y 15 años de prisión y multas de 400 y 300 salarios mínimos, respectivamente, en tanto que a Rolando Miguel Reyes le fueron impuestos 12 años de prisión y una multa de 300 salarios mínimos.
Igualmente fueron condenados a 10 años de prisión Dyna Madison Noguera y Anabel Sánchez, quienes también deberán pagar multas de 200 salarios mínimos cada una.
Además, Gladys Sofía Azcona y Ranluis Azcona fueron sentenciados cada uno a 8 años de prisión y al pago de una multa de 100 salarios mínimos.
La Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, representada en el proceso por los fiscales Pedro Medina Quezada, Manuel Castro Lora y José Manuel Calzado, demostró cómo operaba la red ante los jueces del Tercer Tribunal Colegiado de Santo Domingo Oeste, Juan Pablo Ortiz, presidente; Nelxcy Ortega y José Leonel Ascensio.
La magistrada Ramona Nova, titular de la Procuraduría Antilavado, valoró la decisión del tribunal, al tiempo que destacó que los procesados recibieron una condena ejemplar y la afectación de los activos que, como organización, habían obtenido por sus actividades ilícitas.
Añadió que el Ministerio Público seguirá trabajando con el equipo a cargo de la persecución de ese delito. Los jueces también ordenaron el decomiso a favor del Estado dominicano de los bienes incautados en el proceso, aunque dispusieron la devolución de un vehículo marca Ferrari.
El tribunal rechazó los incidentes planteados por las defensas relativos al delito precedente, derecho a la libre empresa y aplicabilidad de la Ley 72-02 de Lavado de Activos, respecto a la exclusión de documentos por no apostillamiento y a la exclusión de pruebas audiovisuales por su no reproducción.
Los jueces, igualmente, ordenaron que los procesados paguen las costas penales del proceso y que cumplan la pena privativa de libertad en los centros de corrección y rehabilitación para hombres y mujeres de Najayo, en San Cristóbal.
Además, fijaron la lectura íntegra de la sentencia para el próximo 20 de mayo de 2025.
El proceso que desmanteló la organización delictiva
Contra el grupo criminal, arrestado en marzo de 2022, el Ministerio Público realizó una profunda investigación que contó con la colaboración internacional de la Agencia de Seguridad de Estados Unidos (HSI), la División de Investigación de Delitos Trasnacionales (Deidet), de la Policía Nacional, y la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD).
La Procuraduría Antilavado de Activos, conjuntamente con organismos de seguridad nacional, la Unidad de Investigación Criminal Transnacional (TCIU), del Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, adscrita en el país a la Policía Nacional, y la Dirección de Inteligencia Financiera y Lavado de Activos de la DNCD, daban seguimiento desde el año 2017 a la organización criminal transnacional compuesta por dominicanos, estadounidenses y puertorriqueños, quienes dirigían un circuito de transporte y tratamiento de dinero procedente de actividades de narcotráfico en Estados Unidos.
Dicha organización criminal estaba conformada por empresarios, comerciantes y exfuncionarios, los cuales se encargaban de introducir en el sistema económico y financiero del país altas sumas de dinero en efectivo, que, posteriormente, eran utilizadas para la adquisición de vehículos de lujo, propiedades inmuebles e inversiones en el sector construcción y en rutas de transporte público, entre otras actividades.
Durante las pesquisas, los organismos de seguridad del Estado, mediante técnicas especiales de investigación en materia de lavado de activos, detectaron la actividad de tratamiento y posterior transporte de dinero ilícito.
En las pesquisas fueron incautados Cuatro Millones Trescientos Cuarenta y Nueve Mil Ciento Ochenta Dólares (US$4,349,180.00) en fechas 24 y 31 de agosto del año 2020, dinero localizado en contenedores consignados a las empresas consolidadoras de carga Veloz Shipping SRL y Alpha Express Dominican Courier, que fueron enviados desde los Estados Unidos por la empresa Embarque y Refrigeración La Línea.
La estructura criminal utilizó fondos que no pueden ser justificados por actividades comerciales o financieras, destacándose que construyeron el proyecto inmobiliario llamado The Bahamas Residential, cuyo costo estimado en el mercado supera los Ciento Cincuenta Millones De Pesos (RD$150,000,000).
El tribunal también le condenó al pago de una indemnización de RD$5,000,000.00 a favor de la entidad financiera, así como al pago de las costas penales del proceso.
Según lo establecido en la instancia con la solicitud de medida de coerción, el imputado comenzó a abusar sexualmente de la víctima en octubre de 2024.
El Ministerio Público también presentó el informe patrimonial de Epifanio Peña Lebrón, el cual revela omisiones significativas en su declaración jurada de bienes.
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