El pasado 7 de enero, Día del Poder Judicial, el presidente de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), Henry Molina, proclamó con orgullo que en la República Dominicana la mora judicial había sido erradicada. Un discurso grandilocuente, cargado de triunfalismo, que choca de frente con la realidad de cientos de ciudadanos que siguen atrapados en el limbo de la justicia dominicana.
Lejos de haber desaparecido, la mora judicial sigue lacerando la confianza en nuestro sistema de justicia. Un caso emblemático que desmiente categóricamente las palabras del magistrado Molina es el expediente 257-2017-01-EPEN-00213, que lleva ya nueve años sin una sentencia definitiva. Detrás de este expediente no hay simples papeles, sino la vida de una anciana que espera desesperadamente recuperar su hogar, una casa que le pertenece desde 1986 y que le fue arrebatada en un proceso plagado de abusos.
El Ministerio Público tipificó originalmente este caso bajo la acusación de lavado de activos. Sin embargo, tanto en primera instancia como en la Corte de Apelación, se determinó que no existían méritos para dicha acusación y se excluyó el lavado de activos del proceso. A pesar de esto, y de que las decisiones judiciales le devolvieron la razón a la legítima propietaria, la Suprema Corte de Justicia sigue dilatando el fallo final, manteniendo a esta señora en un estado de incertidumbre y despojada de su derecho fundamental a la propiedad.
Este no es un caso aislado. Decenas de expedientes llevan años acumulando polvo en los estantes de la SCJ, esperando la tan anhelada decisión final. La mora judicial no solo sigue viva, sino que se ha convertido en una forma de injusticia institucionalizada, donde los ciudadanos ven sus derechos vulnerados por un sistema que parece priorizar la retórica sobre los hechos.
Si Henry Molina estuviera realmente comprometido con la eficiencia de la justicia, no se limitaría a lanzar discursos complacientes en fechas conmemorativas, sino que se enfocaría en garantizar que los expedientes sean fallados con la celeridad y seriedad que exige el debido proceso. No es posible hablar de justicia cuando un ciudadano debe esperar nueve años o más para una decisión definitiva, en un país donde la Constitución establece que la tutela judicial debe ser oportuna y efectiva.
Es momento de exigir que la Suprema Corte de Justicia cumpla con su deber, que deje de lado las declaraciones ilusorias y enfrente la realidad de la mora judicial con acciones concretas. Porque la justicia tardía no es justicia, y porque prometer lo que no se cumple es una burla a la confianza del pueblo dominicano en su sistema judicial.
