Camacho enfatizó la postura del Ministerio Público: “Nosotros lo decimos en la teoría y lo hacemos en la práctica y lo vamos a seguir haciendo.
Justicia18 de julio de 2025
El procurador adjunto Wilson Camacho, titular de la Dirección General de Persecución del Ministerio Público, destacó la contundencia de la Operación Lobo, al informar que todos los imputados –civiles, militares activos y en retiro– quedaron privados de libertad bajo arresto domiciliario y el caso fue declarado complejo.
"Todos los imputados del proceso quedaron privados de libertad", afirmó Camacho. No obstante, lamentó que, a pesar de las constantes prédicas del Poder Judicial sobre la necesidad de más acuerdos en el proceso penal, "desde la práctica se envían decisiones contradictorias y que desincentivan la realización de acuerdos".
Camacho enfatizó la postura del Ministerio Público: “Nosotros lo decimos en la teoría y lo hacemos en la práctica y lo vamos a seguir haciendo. En la medida que las personas cooperen con la investigación, le seguiremos dando el mismo tratamiento y seguiremos haciendo acuerdos en este proceso y en todas las etapas”.
La Dimensión de la Corrupción y Posibilidad de "Lobo 2.0"
El titular de la Dirección General de Persecución del Ministerio Público también resaltó que la dinámica de pago de sobornos en la contratación de seguridad de las instituciones públicas "es más de lo que hemos presentado en el día de hoy". Aseguró que el Ministerio Público "va a ir por todos" y no descartó la realización de un "Lobo 2.0".
El equipo de fiscales liderado por Wilson Camacho en la audiencia estuvo integrado además por la procuradora de corte Mirna Ortiz, titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), Elizabeth Paredes, Ernesto Guzmán, Yoneivy González y Rosa María Pichardo.
Medidas de Coerción Impuestas
El juez Rigoberto Sena, de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional, impuso arresto domiciliario a los cinco imputados que admitieron su culpabilidad:
El empresario Quilvio Bienvenido Rodríguez González
El civil Bolívar Nicolás Fernández Espinal
El coronel del Ejército Andrés Pacheco Varela
El coronel de la Policía Nacional Ramón Quezada Ortiz
El primer teniente del Ejército Wellington Peralta Santos
En tanto, a los cinco imputados que no admitieron los hechos, a pesar de las pruebas presentadas en su contra, el tribunal les impuso arresto domiciliario y, además, impedimento de salida del país, basándose en el riesgo de fuga y la gravedad de los cargos. Estos son:
El mayor general retirado del Ejército Carlos Ambrosio Robles Díaz
El coronel del Ejército Luis Ernesto Vicioso Bocio
El coronel del Ejército Francisco Guarín Fernández
El coronel del Ejército Elías Caamaño Pérez
El coronel de la Fuerza Aérea Yorbyn Eduardo Eufracio Aybar
Instituciones Afectadas y Cargos
La estructura criminal impactó negativamente a instituciones como el Instituto Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia (Inaipi), el Seguro Nacional de Salud (Senasa) y las empresas distribuidoras de electricidad EdeNorte, EdeEste y EdeSur.
Los imputados enfrentan cargos por soborno, asociación de malhechores, estafa contra el Estado y lavado de activos, conforme a los artículos 177, 178, 179 párrafo, 180, 265, 266 y 405 del Código Penal Dominicano. También se les imputa la violación al artículo 146, numeral 1, de la Constitución de la República, que prohíbe la corrupción administrativa. En lo relativo al lavado de activos, se les acusa en base a los artículos 3, numerales 1, 2 y 3; artículo 4, numeral 8; y artículo 9, numerales 1, 2 y 4, de la Ley núm. 155-17 contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo.
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