El ex presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, expresó el martes su “indignación” tras ser denunciado por la Fiscalía General, que lo acusa de liderar un intento de golpe de Estado para evitar la toma de posesión de Luiz Inácio Lula da Silva en 2022.
A través de sus abogados, el ex mandatario calificó la denuncia de “inepta”, “incoherente” y “fantasiosa” y negó haber participado en cualquier movimiento contra el orden democrático.
“Bolsonaro jamás ha apoyado ningún movimiento que pretenda deconstruir el Estado Democrático de Derecho o las instituciones que lo habilitan”, afirmó su abogado Paulo Cunha Bueno en una nota publicada en las redes sociales del ex mandatario.
La defensa aseguró haber recibido con “asombro” e “indignación” la acusación formulada por el Ministerio Público Federal, a la que calificó de basada en un “alegado” golpe de Estado sin pruebas concretas.
El mismo martes, el fiscal general Paulo Gonet presentó la denuncia contra Bolsonaro y otras 33 personas, incluyendo altos mandos militares y ex ministros de su Gobierno, acusándolos de “tentativa de abolición violenta del Estado Democrático de Derecho”, “organización criminal armada”, “golpe de Estado”, “daños calificados por violencia” y “deterioro de bienes catalogados”.
Según la acusación, el ex mandatario habría participado en la planificación de un golpe para impedir la asunción de Lula, con medidas como la detención de jueces del Tribunal Supremo Federal y del presidente del Senado, Rodrigo Pacheco.
Además, se le atribuye haber evaluado un plan de envenenamiento de Lula, ideado por militares afines a su causa.
La defensa del exmandatario rechazó estas acusaciones y sostuvo que la denuncia se basa en “un único acuerdo judicial de culpabilidad que ha sido modificado varias veces por un delator que cuestiona su propia voluntariedad”, en alusión al testimonio del ex edecán de Bolsonaro, el teniente coronel Mauro Cid.
“No hay ningún mensaje del (entonces) presidente de la República que apoye la acusación, a pesar de que sus teléfonos personales han sido minuciosamente registrados”, aseguró el abogado. Por ello, Bolsonaro espera que la Justicia archive la denuncia, al considerar que esta presenta “precariedad, incoherencia y ausencia de hechos verídicos”.
La investigación de la Procuraduría General sostiene que Bolsonaro y su entorno difundieron “información falsa sobre el proceso electoral brasileño” con el fin de generar un clima de inestabilidad política y justificar acciones contra el resultado de las elecciones.
Como parte de esta estrategia, el entonces presidente organizó una reunión con embajadores extranjeros en la que desacreditó el sistema de votación electrónica, lo que llevó al Tribunal Superior Electoral (TSE) a inhabilitarlo políticamente por abuso de poder y uso indebido de los medios de comunicación.
Las pruebas recogidas incluyen grabaciones y testimonios que indican que Bolsonaro y su equipo analizaron mecanismos para impedir la asunción de Lula.
En diciembre de 2022, el ex presidente se reunió con los comandantes de las Fuerzas Armadas, donde discutió el posible uso de herramientas legales como la Garantía de la Ley y el Orden (GLO), el Estado de Defensa y el estado de sitio para revertir los resultados electorales.
El ex comandante del Ejército, Freire Gomes, declaró ante la Procuraduría que él y el ex comandante de la Fuerza Aérea, Baptista Junior, se opusieron a la propuesta, mientras que el entonces comandante de la Marina, Almir Garnier Santos, habría expresado su apoyo a Bolsonaro.
Según el testimonio de Baptista Junior, Freire Gomes incluso amenazó con arrestar a Bolsonaro si avanzaba con la ejecución del plan.
La denuncia fue presentada ante la Primera Sala del Tribunal Supremo Federal, con el magistrado Alexandre de Moraes como ponente del caso. Será este tribunal el que decida si acepta la denuncia y abre un juicio formal contra Bolsonaro y el resto de los acusados.
Horas antes de conocerse la decisión de la Fiscalía, Bolsonaro aseguró a periodistas en Brasilia que no tenía “ninguna preocupación” sobre la posibilidad de ser inculpado.
Sus declaraciones tuvieron lugar en el Senado, donde participó en discusiones sobre la Ley de Amnistía para los acusados del asalto a las sedes de los poderes del Estado el 8 de enero de 2023.
