Justifica necesidad de prórroga para obtener pruebas solicitadas a órganos estatales, sobre la cual el tribunal decidirá el próximo 9 de febrero a las 9:00 de la mañana
Justicia16 de enero de 2024 ventana
El Ministerio Público justificó este lunes la necesidad de que se extienda el plazo para la presentación de la acusación por corrupción administrativa de la Operación Calamar, con el fin de aportar además otros elementos de pruebas que ha solicitado a otros órganos del Estado y de la cooperación jurídica internacional.
Rosa Alba García, fiscal de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), dijo que se conoció la solicitud de prórroga para presentar el acto conclusivo respecto del proceso de la Operación Calamar.
“Dado que la normativa procesal penal nos faculta a solicitar una prórroga, que, en caso como este de criminalidad organizada, que desde la medida de coerción fue declarado un caso complejo, se nos puede otorgar una prórroga de hasta cuatro meses”, dijo la procuradora fiscal Rosa Alba García a los medios de comunicación al salir del Segundo Juzgado de Instrucción del Distrito Nacional donde se conoció la solicitud de prórroga del Ministerio Público.
Precisó que el órgano persecutor ha solicitado la extensión del plazo debido a la complejidad del proceso.
Indicó que la jueza se reservó el fallo para el 9 de febrero a las 9:00 de la mañana.
“Nuestra solicitud, como dice la norma procesal penal, se encuentra fundamentada, más que fundamentada a raíz de diligencias investigativas que de hecho se solicitaron, muchas de ellas con anterioridad a la judicialización de este caso, pero que dependen de otros organismos estatales, entre estos, la Cámara de Cuentas que está pendiente de remitirnos los resultados de una investigación especial y de una auditoría financiera y de gestión”, adelantó.
Agregó “en el día de hoy a todas esas defensas (de los imputados) se les depositó, vía el tribunal, una certificación remitida precisamente por la Cámara de Cuentas al Ministerio Público en fecha 26 de diciembre del año 2023, donde establecía lo avanzada que se encuentra esa investigación especial que ha solicitado el Ministerio Público”.
Dijo que a raíz de profundizar las investigaciones y nuevas líneas que están investigando actualmente han hecho solicitudes a otras naciones que también han confirmado que darán la asistencia jurídica internacional en los países solicitados.
“Es por estas razones que el Ministerio Público en espera de que se nos entreguen esas informaciones y que las mismas sean aportadas como elementos probatorios en la acusación ha solicitado la prórroga”, destacó la representante del Ministerio Público.
El Segundo Juzgado de Instrucción del Distrito Nacional fijó para el día 9 de febrero, a las 9:00 de la mañana la emisión del fallo a la solicitud de prórroga del Ministerio Público para depositar el expediente acusatorio contra los imputados en la Operación Calamar.
La jueza Ana Lee Florimón conoció este lunes el pedimento de extensión de plazo de cuatro meses hecha por el órgano persecutor.
Además de Rosa Alba García, el Ministerio Público estuvo representado por el procurador adjunto titular de la Pepca, Wilson Camacho, así como los fiscales Arolin Lemos y Miguel Collado.
En la denominada Operación Calamar el Ministerio Público imputa a los exministros José Ramón Peralta (Administrativo 2012-2020), Donald Guerrero (Hacienda 2016-2020) y Gonzalo Castillo (Obras Públicas 2012-2020).
En el expediente de Operación Calamar, el órgano persecutor imputa a veinte personas de sustraer más de 19 mil millones de pesos al Estado en pagos irregulares por expropiaciones de terrenos declarados de utilidad pública y en sobornos para la campaña política del 2020.
Además de Peralta y Guerrero, se vincula en la estafa al exministro de Obras Públicas, Gonzalo Castillo; el excontralor general de la República, Daniel Omar Caamaño; el exdirector del Consejo Estatal del Azúcar (CEA), Luis Miguel Piccirilo; el exdirector de Catastro Nacional, Claudio Silver Peña, y los exdirectores de Casinos y Juego de Azar, Oscar Chalas Guerrero y Julián Omar Fernández.
Las medidas adoptadas por el Consejo Superior del Ministerio Público también incluyen una mejoría salarial del 20% para el personal administrativo del Ministerio Público y de la DGSPC, con efectividad a partir de julio de 2025.
En dicha acción figuraban como partes demandadas el Ayuntamiento del Distrito Nacional y su Concejo de Regidores; la Junta Central Electoral (JCE); el Partido Revolucionario Moderno (PRM) y el ciudadano Wilkin Gillermo Martínez Presinal.
Jueces, directores, encargados, abogados ayudantes y demás colaboradores del TSE asistieron para recibir las orientaciones sobre las funciones cerebrales y su papel crucial en el cuerpo humano.
Gladys Esther Sánchez Richiez, directora general del Instituto Superior Especializado de Estudios Penitenciarios y Correccionales (Iseepenc), explicó que otro de los objetivos del encuentro fue analizar el papel de las academias penitenciarias en la detección y prevención
Camacho enfatizó la postura del Ministerio Público: “Nosotros lo decimos en la teoría y lo hacemos en la práctica y lo vamos a seguir haciendo.
Utilizaba un supuesto carnet de prensa para infiltrarse en coberturas periodísticas, ruedas de prensa y otros eventos. En estos lugares, lograba sustraer equipos, celulares y pertenencias personales de comunicadores y reporteros gráficos.
Abinader enfatizó que esta infraestructura está diseñada para facilitar la vida de cientos de miles de santiagueros, permitiéndoles llegar de manera eficiente desde las universidades a sus hogares y lugares de trabajo
El magistrado explicó que las partes interesadas han sostenido reuniones con el objetivo de crear planes y políticas para el sistema de justicia y el desarrollo del Plan Estratégico Decenal del Poder Judicial.
El Metro de Los Alcarrizos es una de las principales iniciativas del Gobierno dominicano para mejorar la movilidad y el transporte público en el Gran Santo Domingo.
Las investigaciones preliminares han establecido que las cajas contaminadas con la sustancia fueron enviadas a nombre de una compañía ubicada en el municipio de Navarrete, provincia de Santiago,
Entre las principales metas de su administración, Contreras destacó el fortalecimiento de la imagen de Acroarte y de los Premios Soberano. Hizo hincapié en su valor como marca país y patrimonio cultural dominicano.
La procuradora general afirmó estar convencida de que la transformación de la humanidad parte de los avances tecnológicos y la inteligencia artificial.
Resaltó que el país mantiene una de las economías más dinámicas de la región, con una inflación contenida y niveles históricos de inversión.
Destacó la reciente entrega por parte del presidente Luis Abinader del Multiuso del Ensanche Espaillat, una infraestructura deportiva construida con una inversión superior a RD$23.5 millones.
El proyecto establece un régimen jurídico que garantiza la eficiente utilización de los fondos públicos, la satisfacción de intereses generales y la protección de derechos fundamentales.